El cambio representa una ruptura con el modelo vigente, mediante el cual el Estado cubano, a través del Ministerio de Turismo y del conglomerado empresarial GAESA —controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias—, mantenía el control total del sector. A partir del 1 de enero de 2026, el hotel Iberostar Origin Laguna Azul, en Varadero, será el pionero en operar bajo esta nueva fórmula.
Durante la última edición de FITCuba, el primer ministro, Manuel Marrero, ya había anticipado que el país avanzaría con “reformas estructurales” para revitalizar la industria turística. Entre esas medidas se mencionó la posibilidad de implementar esta medida, una idea que se concretó con cartas de intención firmadas junto a socios chinos para negociar el arrendamiento del Hotel Copacabana, en La Habana.
Según fuentes consultadas, el objetivo de la medida es doble: por un lado, inyectar divisas al Estado cubano, que atraviesa una profunda crisis económica; y por otro, otorgar a las cadenas hoteleras una autonomía inédita para mejorar la calidad de los servicios y recuperar la reputación del turismo en la isla.
Los contratos de arrendamiento permitirán que las compañías internacionales gestionen los hoteles con libertad operativa, incluyendo la posibilidad de fijar salarios propios sin depender del esquema estatal, caracterizado por su rigidez y bajos sueldos en moneda nacional. También se eliminarán trabas burocráticas que, hasta ahora, limitaban desde las inversiones hasta cuestiones tan básicas como los menús de los restaurantes.
Aunque no se difundieron cifras ni condiciones uniformes, las autoridades negocian acuerdos individualizados con cada grupo hotelero. Se trata de proyectos piloto que podrían ampliarse progresivamente a otros establecimientos si los resultados son favorables.
El contexto de fondo es la delicada situación del turismo cubano, que aún no logra recuperarse tras la pandemia. Mientras destinos competidores como Cancún o Punta Cana muestran una franca recuperación, Cuba continúa enfrentando una contracción marcada por la crisis energética, la inflación, el desabastecimiento y las sanciones impuestas por Estados Unidos.
Las cifras reflejan esa realidad: el país cerrará 2025 con unos 1,8 millones de visitantes internacionales, por debajo de los 2,2 millones de 2024 y muy lejos del récord de 4,7 millones alcanzado en 2018. Con este nuevo esquema, el Gobierno busca reactivar el sector y devolverle competitividad a uno de los pilares históricos de su economía.