La medida, que entrará en vigencia el 2 de abril, ya alcanza a 38 países y sumará otros 12, entre ellos Nicaragua, como parte de un programa que busca desalentar la permanencia irregular en territorio estadounidense.
El sistema establece que el monto —definido durante la entrevista consular— será devuelto si el viajero cumple con las condiciones del visado, es decir, si regresa a su país dentro del plazo autorizado o incluso si finalmente no concreta el viaje.
Desde el Departamento de Estado sostienen que la iniciativa apunta a reducir los casos de sobreestadía, un fenómeno que representa un costo significativo para el sistema migratorio. Según datos oficiales, deportar a un inmigrante irregular implica un gasto promedio de 18.000 dólares para el contribuyente.
La ampliación incorpora a Nicaragua, Granada, Camboya, Etiopía, Georgia, Lesoto, Mauricio, Mongolia, Mozambique, Papúa Nueva Guinea, Seychelles y Túnez. En América, ya estaban incluidos Venezuela, Cuba, Antigua y Barbuda y Dominica. Asimismo, entre los países originalmente alcanzados predominan los africanos, como Nigeria, Senegal, Tanzania y Uganda, además de otros en Asia y Oceanía como Bangladés, Nepal y Fiyi.
Para la industria turística, la medida introduce un nuevo condicionante en la planificación de viajes hacia Estados Unidos, especialmente en mercados sensibles al precio, y podría impactar en la demanda hacia ese destino en el corto plazo.