La situación de él se definirá antes del 7 de abril, fecha límite que tiene el fiscal de la isla para decidir si es enviado a la cárcel mientras espera la extradición. En paralelo, las preguntas de los agentes de viajes argentinos giran en torno a si esta investigación pone en peligro el inicio de las operaciones entre Madrid y Buenos Aires, que la compañía tiene contempladas para fines de mayo. Sobre este, y otros puntos consultó Mensajero a la empresa, pero antes, un repaso por los puntos más importantes de la que ya se conoce como la “Causa Plus Ultra”.
LA CRONOLOGÍA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN
En marzo de 2021, en España se tomó una decisión administrativa que luego fue altamente cuestionada principalmente por la oposición —el rescate de la aerolínea Plus Ultra por 53 millones de euros— pero que con el tiempo escaló a un expediente judicial de alto voltaje en España. Hoy, bajo la órbita de la Audiencia Nacional, la causa ya no se limita a discutir si la ayuda fue legal: el foco está puesto en el posible uso de la compañía como engranaje de una operatoria internacional de blanqueo de capitales con vínculos en Venezuela.
El caso, que tuvo avances y retrocesos en los últimos años, volvió a tomar impulso a partir de nuevas líneas de investigación impulsadas por la Fiscalía Anticorrupción, en coordinación con pedidos de cooperación judicial provenientes de otros países europeos.
Volviendo a la cronología, el 9 de marzo de 2021, el gobierno español aprobó la asistencia a Plus Ultra a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), administrado por la SEPI. El paquete incluyó un préstamo participativo de 34 millones de euros y otro ordinario de 19 millones.
Desde el primer momento, la medida quedó bajo la lupa. Dirigentes políticos, entre ellos referentes del Partido Popular y Vox, además del sindicato Manos Limpias, cuestionaron tanto la oportunidad como los fundamentos técnicos del rescate.
Las objeciones se centraron en dos puntos. Por un lado, el carácter “estratégico” de la aerolínea: se trataba de una compañía con una participación marginal en el mercado —alrededor del 0,1 % en tráfico internacional— y una operación limitada en términos de flota y rutas. Por otro, la situación financiera previa: distintos informes incorporados al expediente judicial señalaron que la empresa ya mostraba signos de debilidad antes de la pandemia, lo que, en teoría, la dejaba fuera de los requisitos para acceder a este tipo de asistencia estatal.
EL GIRO DE LA CAUSA: DE LO ADMINISTRATIVO A LO PENAL
Con el correr del tiempo, el expediente dejó de girar únicamente en torno a la legalidad del rescate. Según surge de las actuaciones judiciales, la hipótesis que hoy gana terreno es que parte de esos fondos pudo haber sido utilizada en maniobras de lavado de dinero.
La investigación, que encabeza el fiscal Alejandro Luzón, apunta a determinar si la aerolínea funcionó como vehículo para canalizar fondos de origen ilícito. En concreto, se analiza si hubo operaciones destinadas a cancelar deudas con sociedades vinculadas a tramas de corrupción en Venezuela o a mezclar dinero público con activos provenientes de actividades irregulares.
También están bajo la lupa transferencias hacia cuentas en el exterior —principalmente en Panamá y Suiza— que, de acuerdo con los investigadores, habrían sido justificadas como operaciones comerciales.
El avance más significativo se produjo en diciembre de 2025, cuando agentes de la UDEF realizaron un operativo en la sede de la compañía en Madrid. En ese marco fueron detenidos el presidente y el CEO de la firma, quienes luego quedaron en libertad con medidas cautelares, entre ellas la retención del pasaporte.
Fuentes judiciales citadas por la prensa española señalan que la causa involucra a al menos siete personas y que el expediente se mantiene bajo secreto de sumario, lo que limita la difusión de detalles sobre las pruebas recolectadas hasta el momento.
LA DEFENSA: LEGALIDAD, OPERACIÓN NORMAL Y RECHAZO A LAS ACUSACIONES
Desde Plus Ultra rechazan las acusaciones y aseguran que la operatoria de la compañía no se vio alterada por la investigación. En respuesta a una consulta de Mensajero Turístico, fuentes de la empresa señalaron que se trata de “una investigación que no tiene que ver con la empresa” y remarcaron que la aerolínea “ha aportado toda la información que se le ha requerido”.
En la misma línea, insistieron en que el rescate estatal “está todo en orden” y que la documentación correspondiente puede ser solicitada formalmente. Además, buscaron llevar tranquilidad sobre la actualidad operativa de la firma: “Lo más importante es que todas nuestras operaciones, comercialización y finanzas están normales”.
En sus presentaciones ante la Justicia, la compañía también sostiene que el proceso fue validado por firmas internacionales como PwC, Deloitte y DC Advisors, además de contar con el aval de organismos regulatorios del sector aerocomercial.
NÚMEROS EN RECUPERACIÓN, PERO CON DUDAS EN ESPAÑA
Más allá del frente judicial, la aerolínea logró mostrar cierta recuperación en sus balances recientes. En su último ejercicio reportó ganancias y una mejora en su nivel de actividad, superando incluso registros previos a la pandemia.
Esto se refleja en el pago que confirmaron hace dos semanas de un nuevo tramo de 3 millones de euros a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con lo que eleva a 12 millones el importe ya reembolsado del apoyo recibido a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), correspondiente al pago de intereses.
En paralelo, la aerolínea trabaja con el organismo público en la revisión del calendario de amortización de los dos préstamos concedidos durante la pandemia, por un total de 53 millones de euros.
Con la investigación en curso y bajo reserva, el expediente sigue generando tensión tanto en el plano político como en el económico. Mientras el Gobierno español sostiene que el rescate se ajustó a los criterios establecidos, la Justicia avanza sobre un terreno mucho más sensible: el posible uso de fondos públicos en una trama de alcance internacional.
El desenlace, por ahora, es incierto. Pero el caso Plus Ultra ya se consolidó como uno de los más delicados de los últimos años en materia de ayudas estatales y control del dinero público en España.