
Con un perfil negociador más reservado que en instancias anteriores, la compañía estatal acordó una recomposición salarial que parte de un incremento mínimo del 15,1%, con posibilidad de escalar hasta el 20% si la inflación mensual no logra perforar el umbral del 3%. El entendimiento incluye además un pago retroactivo por la pérdida de poder adquisitivo registrada desde noviembre, una cláusula de actualización automática desde junio en línea con el IPC y la continuidad de los ítems no remunerativos dentro del cálculo del medio aguinaldo.
El acuerdo, rubricado con sindicatos clave como la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas y la Asociación Argentina de Aeronavegantes, también contempla mejoras en los viáticos —10% retroactivo a marzo y un adicional del 5% desde junio— y un esquema de incrementos mensuales escalonados entre noviembre y julio, alineados con la evolución inflacionaria.
Como parte del paquete, se suma un bono extraordinario de $550.000 que será acreditado en los primeros días de junio, mientras que a mediados de ese mes se realizará una revisión para ajustar posibles desfasajes frente a los índices reales de inflación de marzo, abril y mayo. La formalización total del acuerdo está prevista para el 8 de abril, con el pago de retroactivos y anticipos correspondientes.
Desde la óptica turística, este entendimiento resulta estratégico: busca evitar conflictos gremiales que puedan derivar en cancelaciones o reprogramaciones de vuelos en plena temporada alta, asegurando conectividad en un período clave para el movimiento interno y receptivo.
En paralelo, la conducción encabezada por Fabián Lombardo ratificó la continuidad del actual Convenio Colectivo de Trabajo y del esquema vigente sobre tiempos de vuelo y descanso, desestimando la aplicación de las nuevas reglas impulsadas por el Gobierno basadas en el Sistema de Gestión de Riesgo de Fatiga (FRMS), promovido por la Organización de Aviación Civil Internacional.
De esta manera, Aerolíneas Argentinas opta por sostener sus propios estándares operativos, priorizando los niveles de seguridad establecidos por la Administración Nacional de Aviación Civil, en un escenario donde la flexibilización normativa busca reducir costos y facilitar el ingreso de nuevos operadores al mercado aerocomercial.
