La normativa abarca a una amplia gama de modalidades: hoteles, apart hoteles, hostels, pensiones, residenciales y alquileres temporarios, que deberán implementar mecanismos de registro sistemático de los datos de sus huéspedes.
Uno de los puntos centrales de la medida es la conservación de la información: los prestadores deberán resguardar los datos por un período mínimo de 12 meses. Además, estarán obligados a ponerlos a disposición de las autoridades competentes cuando sean requeridos, ya sea en el marco de investigaciones o acciones preventivas.
La autoridad de aplicación será el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM), que podrá articular acciones conjuntas con fuerzas de seguridad tanto provinciales como nacionales, reforzando así el control sobre la actividad.
En cuanto al régimen sancionatorio, la normativa establece penalidades ante incumplimientos, que incluyen apercibimientos, multas, inhabilitación o incluso clausura de los establecimientos. La graduación de las sanciones dependerá de los antecedentes y la gravedad de cada caso.
Asimismo, se prevén castigos más severos ante la violación de sanciones impuestas: el quebrantamiento de una inhabilitación o clausura podrá derivar en multas de entre 5 y 100 unidades, además de una clausura por un plazo equivalente al doble del tiempo originalmente dispuesto.
En ese sentido, Mensajero dialogó con los hoteleros locales para conocer su punto de vista acerca de la nueva medida impulsada por los legisladores. Aun así, respondieron que “el tema aún está muy verde”. Restará entonces ver si la medida beneficia a la seguridad local o perjudica al pasajero una vez que se cumpla su implementación por un plazo extendido.
Pese a esto, desde la localidad buscan fortalecer los mecanismos de control y trazabilidad en el alojamiento de personas, en sintonía con políticas de seguridad y fiscalización que vienen adoptando otros destinos.