La medida establece un plazo de tres meses para que la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) presente una rendición de cuentas final sobre el uso de los recursos y el cumplimiento de los objetivos.
Si bien la normativa aclara que COVIAR continuará operando bajo el marco legal vigente, el cese inmediato de los fondos provenientes de la elaboración, comercialización y embotellado plantea un nuevo escenario para las unidades ejecutoras que dependen de este esquema.
EL GOLPE AL ECOSISTEMA DEL TURISMO DEL VINO
En diálogo con Mensajero, Rodrigo Lemos, coordinador técnico de Turismo del Vino de COVIAR, analizó las consecuencias de esta decisión para el segmento. Según explicó, el fin de estas contribuciones afecta directamente el financiamiento de los equipos técnicos que coordinan planes y convenios nacionales desde 2017.
“Si esto progresa, programas de capacitaciones, instancias de promoción y articulación se van a ver interrumpidas”, advirtió Lemos. El coordinador señaló que, aunque la medida no impacta de forma directa en la operatoria de una bodega que ya esté consolidada y abierta al público, sí daña gravemente al “ecosistema” del sector al retirar a un actor clave del mapa.
EL DESTINO DE LOS FONDOS Y LA TRANSICIÓN
La resolución oficial argumenta que, dado que el horizonte temporal del plan original concluía en 2020, corresponde finalizar las fuentes de financiamiento público asociadas. A partir de ahora, los fondos remanentes que queden tras el cierre del programa serán transferidos al patrimonio del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).
A pesar de este recorte, los objetivos originales del PEVI —como posicionar a la Argentina en el mercado internacional e incrementar las exportaciones— quedarán bajo una nueva lógica de gestión, en un contexto donde el enoturismo deberá buscar alternativas para sostener su desarrollo técnico y promoción sin el paraguas de este plan estratégico.