El descontento se materializó en concentraciones en la zona de Cuatro Bocas – Puerto Wanda. Empleados de las minas y sus familiares manifestaron su temor por la continuidad de sus fuentes de trabajo, ante la posible caída de visitantes. Mientras tanto, los turistas se encuentran atrapados en medio del conflicto, reportando demoras y una atmósfera de incertidumbre que empaña la experiencia del destino.
IMPACTO EN EL SECTOR TURÍSTICO
La preocupación no es solo local. El malestar ha escalado hasta los operadores turísticos nacionales, quienes han comenzado a lanzar advertencias contundentes: “No es solo el dinero, es el criterio. Si la medida persiste, sacaremos a las minas del itinerario y los contingentes irán directo a Cataratas”, expresaron coordinadores de viaje a medios locales.
Una agencia de viajes local comentó: “Como agencia decidimos no hacer más Mina de Wanda. Tenemos gente de La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca. Venimos todas las semanas con 120 personas, pero lo sacamos del itinerario. No venimos más”.
Para la Compañía Minera Wanda y otros establecimientos del sector, la medida atenta contra la competitividad. Argumentan que el destino, históricamente un complemento esencial de las Cataratas del Iguazú, podría perder su atractivo si el turista percibe que se le exige un pago extra en condiciones de demora o conflicto.
UNA ECOTASA QUE GENERÓ POLÉMICA
La normativa, sancionada a finales de 2025, busca recaudar fondos mediante Unidades Fijas (UF) con un destino específico:
* 75%: infraestructura y preservación ambiental.
* 15%: financiamiento de la Fiesta Provincial de las Piedras Preciosas.
* 10%: gastos administrativos y fiscalización.
A pesar de que la intendenta Romina Faccio sostiene que estos recursos son vitales para mejorar la iluminación, los caminos y los servicios que utiliza el visitante, el sector privado lo ve de otra manera. El punto de mayor fricción es la presencia de personal municipal cobrando en los accesos a establecimientos privados, lo que ha sido calificado por trabajadores y vecinos como un “peaje” arbitrario que se suma al costo de la entrada propia de los establecimientos.