La causa ya suma 32 personas imputadas y 11 detenidas, en el marco de un operativo que apunta a desarticular una red que habría operado durante varios años. Según las autoridades, entre 2022 y 2025 se registraron más de 300 rescates sospechosos, con un impacto económico cercano a los 20 millones de dólares.
El mecanismo, de acuerdo con los investigadores, consistía en inducir síntomas compatibles con el mal de altura en los excursionistas, mediante la manipulación de alimentos o la administración inadecuada de medicamentos. Ante cuadros de malestar, los turistas eran persuadidos de interrumpir la travesía y aceptar evacuaciones en helicóptero.
Estas intervenciones, que en muchos casos no eran necesarias, eran luego utilizadas para generar reclamos a compañías de seguros, respaldados por documentación adulterada. Además, se detectaron prácticas de sobrefacturación en los vuelos, que incrementaban de manera artificial los costos operativos.
El alcance del fraude no solo impacta en términos económicos, sino también en la reputación del destino. Desde la Oficina Central de Investigación advirtieron que este tipo de prácticas afecta la credibilidad del sistema turístico y pone en tensión la relación con aseguradoras internacionales, algunas de las cuales ya habían manifestado preocupación por la reiteración de estos episodios.
El caso vuelve a poner en foco la necesidad de reforzar los controles en actividades de alto riesgo y de garantizar estándares de transparencia en uno de los segmentos más emblemáticos del turismo internacional.