El vocero presidencial, Manuel Adorni, apuntó hoy contra los intendentes que cobran más cara la nafta por la aplicación de un impuesto en sus municipios y adelantó que el Gobierno “evalúa todas las alternativas para que esto deje de ocurrir y no pase este abuso en el que tienen cautiva a la gente”.
“Hemos notado cierta proliferación de varios municipios que intentan cobrar nuevas tasas a través del ticket de combustible, por ejemplo. Estamos terminando de evaluar todas las alternativas que tenemos a disposición para que esto deje de ocurrir, que no pase, en un abuso que hay, que tiene cautiva a la gente para cobrarles una tasa municipal que nada tiene que ver con la carga de combustible y que deja atada a la gente a tener que abonarla compulsivamente”, sostuvo el funcionario en su habitual conferencia de prensa.
El tema de la tasa sobre los combustibles fue uno de los temas de la reunión de Gabinete de hoy, que no contó con la presencia del presidente Javier Milei.
Ante la caída de los ingresos por la crisis y el ajuste público implementado desde Casa Rosada, varios jefes comunales del conurbano bonaerense decidieron implementar una serie de tasas e impuestos para equilibrar sus cuentas.
Entre las medidas adoptadas, algunos avanzaron con la implementación -o si existía previamente, el aumento- de la tasa vial, que se cobra sobre el precio de los combustibles y, por lo general, se destina al mantenimiento de las trazas del ejido urbano. Del total de comunas que conforman el Gran Buenos Aires, 19 ya aplican o tienen previsto aplicar esta tasa, la cual varía entre el 1,5% y el 2,5% del precio del litro de combustible, o se establece como un monto fijo.
El ingreso por esta vía consiste en cobrar un sobreprecio a cada litro de nafta o metro cúbico de GNC que se cargue en cualquiera de las estaciones de servicio ubicadas en cada partido. Estas tasas producen ingresos significativos en varias de las arcas locales, y municipios tanto oficialistas como opositores la aplican desde hace años.
Por este costo adicional, el precio de los combustibles puede variar a pocos kilómetros de distancia en el conurbano bonaerense. Los municipios de Merlo, Pilar y Moreno encabezan el ranking. En el distrito que conduce el intendente peronista Gustavo Menéndez rige una alícuota del 2,50% para los combustibles líquidos y sube a un 4,50% para el GNC. El pilarense Federico Achával, también de Unión por la Patria, decidió este año también crear una de estas tasas por valores similares.
Otro de los distritos que decidió innovar es el de la intendenta de Quilmes y militante de La Cámpora, Mayra Mendoza, que logró la aprobación en el Concejo Deliberante de la incorporación de este mecanismo recaudatorio para aplicar un 2% de cobro municipal sobre el precio total de las naftas.
En La Matanza, el distrito más poblado, el porcentaje es de un 1,5% por litro para las naftas y el gasoil; y de un 1% para el metro cúbico de GNC. Mientras que en José C. Paz, el intendente Mario Ishii estableció un impuesto del 1% sobre el precio de los combustibles líquidos y del GNC vehicular.
En Berazategui, donde gobierna Juan José Mussi, se votó en una sesión extraordinaria que esa tasa será sobre el 2% de la carga de combustible. El tributo también funciona en Avellaneda, Escobar, Florencio Varela, Vicente López y Hurlingham.
Si bien San Isidro es uno de los municipios que también cobran la tasa vial, el intendente Ramón Lanús, del PRO, anunció que la eliminarán próximamente.
En algunos distritos hubo atisbos de resistencia, más allá de los votos contrarios de la oposición local en los concejos deliberantes. En Quilmes hubo algunas protestas de los vecinos. En Florencio Varela, donde la tasa subió 2%, no alcanzó a esas dimensiones y apenas un grupo de personas entraron al Concejo Deliberante.
Uno de los intendentes que rechaza abiertamente las tasas es Diego Valenzuela (PRO), a cargo de Tres de Febrero. “A mayor cantidad de impuestos, menos laburo. Argentina tiene una carga tributaria muy alta. Hay que bajar los impuestos, no subirlos, y para eso hay que bajar el gasto público”, dijo en una entrevista con Infobae a mediados del mes pasado.
En esa lista de municipios que decidieron no aplicar la tasa vial figuran Morón, San Martín y San Miguel.
Fuera del conurbano, un caso destacado es el del intendente de General Pueyrredón (Mar del Plata), Guillermo Montenegro, quien avanzó en febrero con el cobro de una “Tasa Vial de Mantenimiento de la Red Vial Urbana Municipal”. Se cobra cada vez que un usuario carga combustible y representa el 1,86% del ticket final.
En la misma línea, en Azul, antes de dejar su gestión, el intendente Hernán Bertellys (Juntos) había conseguido los votos para implementar una tasa destinada a los propietarios rurales que debían pagar el equivalente de hasta un litro de gasoil por hectárea. La medida fue ratificada luego por el intendente Nelson Sombra (UP).
Críticas a la CGT
En otra parte de la conferencia de prensa, el vocero presidencial apuntó contra la CGT por el paro del 9 de mayo, y especialmente le dedicó algunas frases a Pablo Moyano, secretario adjunto del gremio de Camioneros.
“El paro es una decisión de la CGT y de todos los que quieran sumarse el paro. Nosotros seguimos intentando entender qué es lo que quieren, en un paro que evidentemente tienen más cuestiones políticas que reclamos reales. Siguen batiendo récords con un Gobierno tan joven y con tanto apoyo de la gente. Si quieren hacer paro y complicarle la vida a la gente, lo lamentamos y estamos totalmente en contra de que esto ocurra. Tiene una distancia con la realidad bastante llamativa al menos para los que entendemos que en Argentina hay que salir hacia adelante trabajando, y si hay un cuestionamiento a la ley, lo cierto es que tuvo media sanción y fue debatida en el marco del Poder Legislativa. La verdad que no se entiende bien el paro”, apuntó Adorni.
Además, afirmó que Pablo Moyano “tiene un desorden evidente respecto a lo que plantea”, en respuesta a los dichos del dirigente Camionero sobre que “pasó la Banelco” por la media sanción en la Cámara de Diputados de la Ley Bases, en referencia al hecho de corrupción ocurrido en el 2000 durante el Gobierno de Fernando De la Rúa.
“Es efectivamente un personaje que claramente no condice con lo que quieren los argentinos, tienen un desorden evidentemente en lo que plantea como realidad. Si él considera que hubo una Banelco, podrá ir a la Justicia, o tendrá alguna prueba que indique que eso fue así. Si considera que efectivamente hubo un episodio ilegal, tendrá sus razones y sus elementos para denunciarlo. Si no, es querer situarse en un momento de la Argentina que no es este. La Argentina empezó a mirar hacia adelante y la ley efectivamente así lo marca. La ley mira hacia adelante. Las declaraciones de pablo Moyano corren por cuenta de él y bastante distan de la realidad”, apuntó el vocero.