La imagen se repite cada verano en el perfil de Instagram de prácticamente cualquier visitante que pasa unos días en Menorca. Calles empedradas, casas blancas bajas con faroles negros que asoman de las fachadas y barandillas de madera. Callejones serpenteantes y nombres de calles escritos con azulejos. Es el poblado de pescadores de Binibeca Vell, bautizado por muchos como el “Mykonos español” por su parecido arquitectónico con la isla griega, que con el auge de las redes sociales en los últimos años ha registrado niveles de visitantes nunca vistos. Más de 800.000 personas recorren sus calles solo en los meses de verano, en una carrera frenética por conseguir la mejor foto, la pose más ocurrente o captar la última luz del día en un lugar que parece sacado de un cuadro.
Sin embargo, lo que para muchos puede parecer un pueblo es en realidad una urbanización privada construida en 1964 en unos terrenos que actualmente pertenecen al municipio de Sant Lluís, de apenas 7.000 habitantes. El núcleo urbanístico fue diseñado por el arquitecto catalán Barba Corsini y el aparejador menorquín Antonio Sintes, que se inspiraron en la arquitectura tradicional de los pequeños pueblos de las islas griegas para colmar las expectativas de los compradores que querían una vivienda en la zona. Binibeca Vell cuenta ahora con 165 casas repartidas en una superficie de 8.000 metros cuadrados de terreno privilegiado frente al mar y que se vende como un poblado de pescadores que tampoco lo es, ya que tomó ese nombre únicamente porque su ubicación coincidía con la de un antiguo refugio para pescadores de la zona.
“Si pones en Instagram la palabra Menorca, de cada diez imágenes que aparecen, tres son de Binibeca Vell”, explica Óscar Monge, presidente de la comunidad de propietarios del poblado, cuya imagen genera beneficios económicos para muchas actividades complementarias de la isla, como los autobuses y el tren turístico, los restaurantes, bares y los comercios de la zona. La saturación de visitantes en verano, en una isla que el año pasado recibió 1,6 millones de viajeros según datos del INE, pugna con la necesidad de descanso de sus vecinos y con la falta de ayudas por parte de la Administración para hacer frente a los efectos de la masificación, que se traducen sobre todo en la basura que queda tras el paso diario de cientos de personas y en incidentes de los residentes con algunos visitantes incívicos. La inacción que denuncian por parte del Consell insular de Menorca ha llevado a la comunidad de vecinos a restringir el acceso del público a la urbanización, limitando las visitas a un horario comprendido entre las once de la mañana y las ocho de la tarde. En agosto, si siguen sin obtener respuesta por parte de las administraciones, someterán a votación entre los 195 propietarios si cierran totalmente la urbanización, impidiendo el paso a los visitantes al lugar más fotografiado de la isla.
Los vecinos llevan años denunciando los problemas derivados de la masificación en sus calles y reclamando ayudas para su mantenimiento, dado que son las propias administraciones públicas las que muchas veces publicitan el poblado como una de las principales atracciones turísticas. En enero de 2023, la comunidad de propietarios alcanzó un acuerdo con el Consell de Menorca, entonces en manos PSOE, Més y Unidas Podemos, por el que la institución se comprometió a regular la llegada de autobuses a la urbanización y a mejorar la formación de los guías que descubren los secretos del poblado. A cambio, la comunidad de propietarios recibía 15.000 euros para ayudar a la conservación y evitar el deterioro de la zona. El nuevo equipo de gobierno, en manos del popular Adolfo Vilafranca, no ha renovado el convenio con los propietarios alegando que se trata de una urbanización privada y que no solicitaron la renovación en el plazo establecido, algo que Monge niega. “Alucinamos que tengamos que instar al Consell a renovar un convenio. En el propio documento se establece que se tienen que crear dos comisiones durante el año de vigencia del contrato y no nos han convocado ni una vez, lo que no vamos a hacer nosotros es instar al Consell a reunirnos cuando hemos puesto la urbanización a su disposición” sostiene Monge, que cree que el gobierno conservador de la isla “solo tiene en mente la privatización de todo”.
El presidente de la comunidad de propietarios lamenta que el Ayuntamiento de Sant Lluís tampoco haya tomado las riendas del asunto cuando alrededor de cien familias del municipio dependen económicamente de forma directa de la urbanización, por su trabajo en los comercios y restaurantes de la zona. El consistorio se ha comprometido, hasta el momento, a recoger la basura de las papeleras de la urbanización a las nueve de la mañana, pero los vecinos tienen que pagar un servicio externo de residuos para que limpie a partir de las tres de la tarde “cuando las papeleras están ya a reventar”. Para Monge, los residentes solo obtienen perjuicios y prácticamente ningún beneficio por permitir el paso a lo que se ha convertido en la mayor atracción turística de la isla, en la que invierten unos 100.000 euros anuales en pintar y mantener limpias las fachadas.
El poblado registra su auge de residentes en los meses de verano, con medio millar de personas, mientras que apenas son 30 los habitantes que viven en Binibeca Vell durante todo el año. En los meses de temporada alta es cuando se produce el grueso de los incidentes con turistas incívicos que, según Monge, a veces pierden el respeto “e intentan meterse a hacer una foto en tu terraza mientras estás comiendo”. Entiende que haya muchas personas que piensen que quienes viven en este tipo de lugares saturados por el turismo sabían a lo que se exponían cuando compraron la vivienda, pero no lo comparte: “Cuando te compras una casa no sabes al final hasta dónde puede llegar todo este paripé. Parece Port Aventura, pero ellos por lo menos te cobran la entrada”. Eso está descartado, pero el acceso libre a la urbanización parece que tiene los días contados.