El turismo es un sector fundamental para el crecimiento y el empleo en la economía española (más del 13% del PIB), pero al tiempo se ha convertido en una fuente de tensiones, sobre todo en la forma en que afecta a la vivienda. Empiezan a ser habituales las manifestaciones contra el turismo masivo, como la que este sábado reunió a más de 10.000 personas en Mallorca o la de hace un mes en Canarias. Con 85 millones de visitantes en 2023 y la previsión de alcanzar los 100 millones, los problemas que acarrea esta actividad no van a mejorar y hay que atajarlos antes de morir de éxito. Una parte importante de esas tensiones viene de la explosión de las viviendas turísticas en las ciudades. Sus efectos son conocidos: reducen la oferta de pisos disponibles para los residentes y encarecen considerablemente los precios, especialmente del alquiler. Pero cada vez están más claras las cifras de un problema, la relación entre pisos turísticos y crisis habitacional, que hasta ahora era difuso.
El Ministerio de Vivienda ha informado de que entre 2010 y 2018, coincidiendo con el auge de las plataformas por internet, los alojamientos turísticos se dispararon un 80%. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en febrero había un total de 351.389 apartamentos destinados a vivienda turística a escala nacional, lo que supone un aumento interanual del 9,2%. Esas viviendas representan 1,7 millones de plazas turísticas, con un aumento del 13,3% respecto al año anterior. Al mismo tiempo, la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias calcula que el parque de alquiler ha sufrido un retroceso del 30% y un alza de precios del 12%.
La regulación de vivienda y turismo es principalmente autonómica y local. El Gobierno convocó el pasado viernes a las comunidades autónomas para abordar el problema. El resultado fue decepcionante. El Ejecutivo se comprometió a poner en marcha una plataforma para unificar datos, estudios y normativas en materia de pisos turísticos para un mejor diagnóstico de la situación y la persecución del fraude. Se trata del desarrollo de un reglamento europeo. Pero el compromiso es para finales de 2025. Dado el peso del turismo en España y las perspectivas de crecimiento, se antoja una fecha demasiado lejana para adoptar medidas a escala estatal. En el ámbito local y autonómico, la regulación es dispersa, confusa y de difícil aplicación por falta de recursos ante la magnitud que ha alcanzado el problema, lo que favorece que sea ignorada.
En el centro de Madrid, casi una de cada 10 viviendas está destinada al turismo. En el centro de Málaga, una de cada cuatro. Muchas ciudades han suspendido la aprobación de nuevas licencias. Algunos alcaldes piden una norma estatal para clausurar viviendas ilegales con más contundencia. Las actuales normativas permiten a los propietarios, especialmente si son empresas, eludir sanciones con marañas de recursos. En Madrid, por ejemplo, el Ayuntamiento calcula que el 92% de estos pisos operan sin licencia.
Al vaciar masivamente viviendas en las ciudades para ofrecerlas al turismo es mucho lo que se pone en riesgo. El malestar afecta a la habitabilidad misma de algunos lugares y trasciende competencias e ideologías. La implicación del Gobierno es bienvenida, pero ciudades como Nueva York han sido capaces de adoptar medidas radicales, lo que demuestra que en buena medida es una cuestión de voluntad a escala local. Las distintas administraciones deben buscar ya soluciones conjuntas de acuerdo con la urgencia del problema.