La histórica sanción de 150 millones de euros que pretende imponer el Ministerio de Asuntos Sociales y Consumo a cuatro de las aerolíneas con más tráfico en España, por el cobro al viajero por subir la maleta a la cabina del avión, marca el debate esta mañana en la asamblea anual de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA). Su presidente, Javier Gándara, ha afirmado que al sector “le ampara la razón legal” al explicar que la sanción que se cierne sobre Ryanair, Vueling, Easyjet y Volotea “atenta contra la libertad de fijación tarifaria, que garantiza la normativa comunitaria, y contra la capacidad de elección de los consumidores”.
Escuchaba en primera fila la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, quien ha intervenido durante la apertura de la asamblea sin hacer alusión a la crisis del trolley, pero sí refiriéndose a “la buena sintonía del Gobierno con el sector aéreo”. Sánchez ha calificado a este modo de transporte de activo estratégico para España, “por asegurar la conectividad y su aportación a la economía”. Ante altos ejecutivos de Iberia, Vueling, Air Nostrum, Volotea, Ryanair, Easyjet, Binter, Enaire o Aena, la secretaria de Estado ha defendido la necesidad de buscar la sostenibilidad del turismo, además de su transición ecológica y digital.
Rosario Sánchez ha valorado las acciones de las aerolíneas en favor de la descarbonización del transporte y ha subrayado la apuesta del Ejecutivo por el turismo y, por extensión por el transporte aéreo, dedicando 3.400 millones de euros del Plan de Transformación a modernizar un motor que genera el 13% del PIB español.
Sobre el desafío de alcanzar la neutralidad en carbono en 2050, los primeros espadas de Air Nostrum, Vueling, Volotea y Binter se han mostrado radicalmente en contra de la posibilidad de prohibir vuelos cortos con alternativa en el tren, con cinco rutas que se verían afectadas en España, y han reclamado incentivos para la creación de una potente industria en torno al combustible sostenible de aviación (SAF).
Carlos Bertomeu y Carlos Muñoz, en representación de Air Nostrum y Volotea, respectivamente, han lanzado la propuesta de la que la factura que pagan las compañías aéreas por los derechos de emisión (ETS) sea finalista, con fondos para proyectos como la implantación del Cielo Único Europeo o el apoyo a la industria de SAF. Volotea dice pagar 50 millones al año por ETS, y Air Nostrum se mueve en el entorno de los 15 millones de euros. Entre los presentes estaba Raúl Medina, presidente del órgano europeo Eurocontrol.
La presidenta de Vueling, Carolina Martinoli, también se ha referido al debate abierto en Bruselas sobre la posible imposición de un impuesto al queroseno en vuelos intraeuropeos. El asunto se trata en el marco de la revisión de la directiva de fiscalidad de la energía y, desde su punto de vista, una nueva fiscalidad se traduciría en “la supresión de demanda, empleo y conectividad”. Más allá de estos efectos, “más impuestos quitarían a las empresas la posibilidad de invertir en nuevas soluciones de descarbonización”. Martinoli ha recordado que IAG, el holding en que se agrupa Vueling, tiene el compromiso de emplear un 10% de SAF en 2030, un 70% por encima del mandato comunitario.
“La única solución al alcance para la descarbonización es la del SAF, y los políticos deben intervenir para que sea asequible”, ha reclamado el consejero delegado de Binter, Juan Ramsdem. Al hilo de este argumento, Carlos Muñoz no ve la llegada del avión eléctrico al mercado, con cierto volumen de oferta, antes de 20 años.
Dos de las compañías referidas, Vueling y Volotea, figuran en el ramillete de una veintena de compañías sobre las que la Comisión Europea ha puesto en duda sus prácticas y mensajes relacionados con la descarbonización. Ambas han defendido en los últimos días sus estrategias, con el uso del SAF y la mejora de la eficiencia de las operaciones en el centro.
Sigue toda la información de Cinco Días en Facebook, X y Linkedin, o en nuestra newsletter Agenda de Cinco Días