A estas alturas, el pantano de La Viñuela se debatía el año pasado entre la vida y la muerte. El mayor embalse de la provincia de Málaga estaba por debajo del 9% de su capacidad y los agricultores tenían prohibido usar su agua, tan escasa que apenas podía surtir a cuentagotas a un puñado de municipios cercanos donde los cortes se sucedían cada madrugada. La situación era dramática para una comarca, la Axarquía, que vive del cultivo de subtropicales y el turismo y acabó pidiendo agua a la capital. Hoy el recinto tiene el doble de reservas y en las casas de la zona el grifo siempre funciona, pero la situación continua declarada “de escasez grave”, el peor escenario posible dentro de la sequía. La Costa del Sol, por su parte, sobrevive también con una escasez severa (solo un escalón mejor) en pleno aluvión récord de turistas, que disfrutan piscinas llenas y restricciones que apenas se notan en el día a día. Mientras, la amenaza continúa. “No podemos permitirnos perder ni una gota. Si no llueve después del verano, tendremos un gran problema”, sostiene Daniel Gómez, concejal de Servicios Operativos de Mijas, uno de los mayores municipios del litoral malagueño con más de 80.000 residentes, cifra que puede llegar a duplicarse en la temporada estival.
A diferencia de 2023, la sequía se ha alejado de los grandes titulares. Tras meses y años con lluvias muy puntuales, las tormentas primaverales durante la Semana Santa barrieron la preocupación. En unos días las nubes descargaron agua para tres meses y sobrevoló la idea de que todo estaba solucionado, pero la situación era tan crítica que el problema persiste. Si el otoño no es húmedo, tanto Málaga como media Andalucía volverán a sufrir las peores consecuencias de la sequía. Hoy los embalses de la comunidad apenas están a un tercio de su capacidad con 4.281 hectómetros cúbicos embalsados. Es un 12% más que el año pasado, pero también un 14% menos que la media, según los datos de la Junta de Andalucía. Y mientras las Cuenca del Tinto, Odiel y Piedras y la del Guadalquivir mantienen buenas cifras, la Cuenca Mediterránea Andaluza —los embalses de Málaga, Almería y sur de Granada— y la de Guadalete Barbate —Cádiz— viven en la urgencia. Las primeras apenas disponen de 329 hectómetros cúbicos, un cuarto de su aforo, un 5% menos que el año pasado. Las segundas rozan el 25% con solo 411 hectómetros cúbicos.
Málaga vive un verano crítico como principal receptor de visitantes de la región: solo en 2023 llegaron más de 14 millones de personas y este año se prevé que sean más. Sus embalses están al 22%, cinco puntos por debajo que hace un año, según los datos de la Red Hidrosur. Las administraciones promueven obras y planean infraestructuras que permiten ser un poco más optimistas, aunque el discurso catastrofista está silenciado desde que llegó la temporada turística. Esta industria, que en la Costa del Sol mueve 19.000 millones de euros anuales, convive ya con las duchas de las playas cortadas, aunque respira tranquilo porque no quería ni oír sobre la posible prohibición de llenar piscinas. Fue una medida que la administración andaluza tomó antes de las lluvias y que luego desestimó. No era una medida cualquiera: en la provincia hay más de 80.000, la inmensa mayoría ligadas al turismo. “La Junta de Andalucía está echando un capotazo al sector: se hace una gestión con un claro afán de no perturbar al sector para que siga la fiesta. Hay un pacto de silencio para que nos olvidemos del problema, pero no podemos seguir como si no hubiera pasado nada. Al final da esa sensación de que todo está bien, pero como no llueva en otoño… ¿Qué haremos?”, plantea Rafael Yus, portavoz de Ecologistas en Acción en la Axarquía.
Dicha comarca malagueña tuvo que tirar, hasta primavera, del agua embalsada en Málaga para consumo humano, pero ahora se abastece por sí misma gracias a las lluvias caídas del cielo en Semana Santa recogidas por La Viñuela y la sobreexplotación —según los ecologistas—de los pozos del río Chíllar, en Nerja. El pantano, hoy con 14 hectómetros cúbicos (16,7% de su capacidad), aún es capaz de abastecer a una quincena de municipios, sin cortes nocturnos salvo excepciones puntuales. Sus habitantes disponen de 200 litros por persona y día. “El problema es que con el turismo hay municipios que triplican la población”, recuerda Jorge Martín, presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía. “Estamos en el límite, pero los que más problemas tienen son los agricultores”, sostiene el también alcalde de Canillas de Albaida.
Desaladoras y mejora de infraestructuras
Administraciones, agricultores y alcaldes están de acuerdo en que la gran solución para la comarca es una desaladora. Fue aprobada en primavera de 2023, tiene un presupuesto aproximado de 100 millones de euros y servirá para abastecimiento de la población y regadío, pero todavía no se ha encontrado el sitio en el que se construirá. El pasado 9 de julio el Consejo de Ministros aprobó su impulso por parte de la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas, pero fuentes del Ministerio de Transición Ecológica explican que se va a realizar un estudio de alternativas para valorar la ubicación más idónea. No es la única obra prevista en Andalucía —habrá otra en Almería— ni en la costa malagueña.
La empresa pública de aguas de la Mancomunidad de Municipios de las Costa del Sol Occidental, Acosol, ya analiza la viabilidad de una desaladora en la zona entre Torremolinos y Mijas dentro de un ambicioso plan de inversiones de 350 millones de euros para la renovación y mejora de infraestructuras. La compañía también realiza ya obras de emergencia para multiplicar la producción de la existente en Marbella: si actualmente aporta entre seis y siete hectómetros cúbicos al año, la primera fase de los trabajos —ya en su recta final— permitirá duplicar la cifra y la segunda —ya en marcha— la elevará hasta el triple. Mientras, Estepona se ha convertido en el municipio que más energía e inversión —22,7 millones hasta 2030— está dedicando a mejorar sus infraestructuras.
Desde Acosol recuerdan que existen numerosas restricciones —riego de jardines o corte de duchas de la playa, entre otras— en toda la Costa del Sol, donde la situación es de “excepcional sequía y escasez severa”, como decretó la Junta de Andalucía el pasado 28 de mayo. La administración andaluza limitó el consumo a 225 litros por habitante y día, por eso siguen solicitando a la población un uso responsable del agua, de ahí que municipios como Mijas hayan lanzado el plan “Fugas Cero” para ahorrar el máximo de agua posible. Eso sí, la Junta concedió varias excepciones como la autorización para el llenado de piscinas —medida que abarca toda la provincia de Málaga— o la utilización de agua regenerada para el riego de campos de golf, aunque aún no se permite su uso para baldeo o el riego público y privado. Mientras, la Diputación malagueña ya previsto un plan de 11,5 millones de euros en 2025 para que los pequeños municipios puedan acometer proyectos centrados en la sequía. “Es muy importante mejorar la capacidad de almacenamiento, las redes de abastecimiento y tener un mayor control del caudal para prevenir o evitar fugas de agua, así como aplicar medidas que contribuyan a extremar el ahorro en el consumo de agua”, explica su presidente, Francisco Salado.