El Brexit nunca se pensó para que las cosas fueran más fáciles a uno y otro lado del canal de la Mancha. A partir del 2 de abril del año que viene, los turistas de la UE que quieran viajar al Reino Unido tendrán un nuevo obstáculo: deberán solicitar previamente un permiso de entrada electrónico, la llamada Autorización Electrónica de Viaje (ETA, en sus siglas en inglés).
Aunque las autoridades británicas aseguran que no se trata de un visado de turista, que sigue sin ser formalmente necesario para los ciudadanos comunitarios que viajan a territorio británico, en la práctica es una medida muy similar, pues deja en manos del Ministerio del Interior del Reino Unido la decisión de autorizar o no la entrada.
El portal del Home Office británico comenzará a ser accesible a partir de marzo para aquellos que tengan planeado viajar al Reino Unido a partir de abril. Aunque los viajeros deberán rellenar un formulario de entrada, con una serie de preguntas similares a las que se plantean al solicitar un visado, los responsables de fronteras aseguran que habrá pronto una aplicación móvil que agilizará el trámite. En teoría, añaden, el proceso apenas llevará unos minutos, aunque el plazo oficial de respuesta es de cuatro días.
Para registrarse y realizar la petición deberá disponerse de un pasaporte en vigor con datos biométricos (chip y reconocimiento facial), y deberán especificarse los detalles del viaje (hotel o lugar de residencia, duración, etc…), una dirección de correo electrónico y una tarjeta de crédito o débito.
La tasa de pago obligatoria será de 10 libras esterlinas. Es decir, entre 11 y 12 euros según el cambio en vigor.
Una vez cumplimentado, el permiso tendrá una vigencia de seis meses.
Es un sistema similar al que exige ya Estados Unidos a los ciudadanos europeos que viajan a su territorio.
Desde la implantación del Brexit, el Reino Unido es a todos los efectos un país tercero respecto a la UE. Si la consecuencia inmediata de su aplicación, entre otras, fue el final de la libertad de movimientos, que permitía a los comunitarios vivir y trabajar en suelo británico, las nuevas medidas de seguridad fronteriza acabarán con el último privilegio que subsistía: la posibilidad de viajar de uno a otro lado del canal tan solo con un pasaporte en vigor.
El ETA es parte fundamental del plan establecido por el Gobierno del Reino Unido para digitalizar por completo sus controles fronterizos a finales de 2025.
Controles similares de acceso a la UE
La UE ya ha anunciado su intención de desplegar un sistema de control fronterizo similar para los ciudadanos británicos durante la primera mitad de 2025, aunque todavía no ha especificado una fecha concreta. Se trata del Sistema de Autorización e Información de Viajes Europeos (ETIAS), que comenzó a prepararse a finales de 2016, aunque se fue retrasando hasta ahora.
El sistema de petición es similar al británico: formulario, introducción de datos personales y una tasa que, en el caso europeo, será algo menor, de 7 euros. El permiso quedará incorporado a los datos electrónicos del pasaporte y tendrá vigor durante tres años. Los menores de 18 años o mayores de 70 no tendrán que pagar la tasa.
No hay que confundir el ETIAS con otro control previo, que entrará en vigor a partir del próximo 10 de noviembre: el llamado Esquema de Entrada/Salida de la UE (EU Entry/Exit Scheme, EES en sus siglas en inglés). Afecta a todos los ciudadanos no comunitarios, británicos incluidos, que entren a la zona Schengen —el área de libre circulación—, durante periodos cortos, de no más de 90 días. Los ciudadanos del Reino Unido que tienen un permiso de residencia en un país comunitario están exentos.
El control, en este caso, es más simple. Aquellos ciudadanos que no disponen de un pasaporte biométrico, y no pueden por tanto entrar a la UE a través de las máquinas de autocontrol que hay ya en muchos aeropuertos, deberán suministrar en el momento información biométrica, como el registro electrónico de sus huellas dactilares o una fotografía de su rostro.
Los datos quedarán en los archivos digitales de la policía de fronteras durante tres años, y durante ese tiempo no será necesario renovarlos, pero sí someterse a una comprobación facial o dactilar cada vez que se acceda a la zona Schengen. De este modo, justifican las autoridades responsables, se podrá tener información y control compartido de las entradas y salidas de ciudadanos de terceros países a la UE.