El Ayuntamiento de Alicante planea cobrar la entrada al mayor símbolo de la ciudad, el Castillo de Santa Bárbara. La concejalía de Hacienda ya trabaja en la redacción de una ordenanza en la que prevé tasar en un precio aún sin definir, entre tres y diez euros, el acceso al monumento por el que pasan, según sus cálculos, 800.000 visitantes anuales, 500.000 de ellos extranjeros. Desde la oposición municipal, tanto PSOE como Compromís no ven mal la aplicación de esta tasa, siempre que se destine a la conservación del patrimonio y que se exima del cobro a los ciudadanos empadronados. Sin embargo, consideran más urgente la puesta en marcha de un plan director, ya redactado y en un cajón desde 2022, que defina sus usos, actualmente a cargo de una empresa privada, y establezca medidas de seguridad, de conservación y mantenimiento, y de accesibilidad.
“La idea es que las ordenanzas fiscales”, también se prepara una similar para los museos municipales, “entren en vigor entre el segundo semestre de 2025 o a principios de 2026″, avanzan fuentes del ayuntamiento. El precio “todavía está en fase de estudio”, pero un análisis comparativo de ejemplos parecidos en otras ciudades apunta a que “la entrada oscilaría entre los tres y los 10 euros”. Con la calculadora en la mano, “se generarían unos ingresos anuales de entre dos y cuatro millones de euros”, ya que solo pagarían los visitantes de fuera la ciudad. “La entrada al Castillo de Santa Bárbara y a los museos seguirá siendo gratuita para los alicantinos”, continúan, “a través de una tarjeta ciudadana que desarrolla el área de Nuevas Tecnologías”.
El concejal de Hacienda, Toni Gallego, explicó en un comunicado que estos ingresos “contribuirían al sostenimiento del patrimonio”. “El objetivo de esta medida es poner en valor el patrimonio monumental y la oferta turística y cultural de la ciudad y, al mismo tiempo, que los visitantes contribuyan a su mantenimiento, mejora y modernización para el desarrollo de las nuevas tecnologías en estos espacios y de experiencias personalizadas durante las visitas”, sentenciaba. El PP alicantino, como todo el de la Comunidad Valenciana, se opone firmemente a la implantación de una tasa turística planteada desde la izquierda con similares objetivos. Sin embargo, las fuentes consultadas reconocen que la recaudación de las entradas al Castillo “también servirá para mantener y mejorar los servicios públicos de la ciudad”. Todo indica que los ingresos irán a parar a la caja común municipal.
La fortaleza de Santa Bárbara, Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1961, protagoniza el escudo de Alicante, se cita en el himno local y su cara del moro, un aparente rostro perfilado por los efectos de la erosión en la cima del monte Benacantil, es la imagen más icónica de todas las postales de la ciudad. El Castillo se vende solo, el recorrido por sus diferentes estancias y las vistas que ofrece del casco urbano y del Mediterráneo desde sus instalaciones son una visita obligatoria para los turistas. El equipo de Gobierno que lidera el alcalde, Luis Barcala (PP) llega a señalar que es “el monumento más visitado de la Comunidad Valenciana”, aunque sin aclarar de dónde han sacado ese dato. Para la oposición, esa condición de ineludible solo ha servido para que prácticamente se le abandone a su suerte. “En el ámbito urbanístico, solo existe un plan de protección del entorno del Castillo”, afirma la concejal socialista Trini Amorós, “que es lo que evitó que se construyera en la ladera del monte un palacio de congresos”, como pretendía el exalcalde Luis Díaz Alperi.
Tanto Amorós, responsable de Turismo y Patrimonio del grupo municipal socialista, como el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, subrayan que, en realidad, ya se cobra por subir a la fortaleza. Tras restringirse el acceso en vehículos privados en 2020, solo hay dos maneras de llegar hasta la entrada, y en ambas se cobra. Salvo que se desee subir andando por una carretera larga y de gran desnivel. “En ascensor”, desde las inmediaciones de la playa del Postiguet, un dispositivo que se estropea constantemente, “cuesta 2,70 euros”, indican las fuentes municipales. “Y la lanzadera”, un minibús a cuya parada, en la ladera trasera del Benacantil, solo se puede llegar en transporte público, “vale 1,45 euros por trayecto, aunque se pueden usar los bonobuses, también, igual que en las líneas regulares”.
Pero, por encima de todo, lo que la oposición reclama es la puesta en marcha de un plan director que dote de sentido global al Castillo. El ayuntamiento adjudicó su redacción por 160.000 euros a la firma Arquitectura y Urbanismo Estudio Boix en 2022. Según Mas, su plazo de entrega concluyó en julio de 2023. Pero, hasta la fecha, “el plan director sigue en fase de revisión antes de aprobarlo y enviarlo a la consejería de Cultura”, manifiestan las fuentes municipales. “El Castillo está en situación precaria”, alerta el concejal de Compromís. “Necesita un plan que reordene sus usos”, que actualmente están a cargo de la empresa Esatur, por un montante total de 1,95 millones de euros por tres años de explotación. Y también que plantee “medidas de seguridad y emergencia”, dice Mas, que recuerda que el pasado mes de abril, una turista de 73 años falleció al caerse por una altura de cuatro metros en una de las instalaciones del monumento. Tampoco se han tomado medidas de accesibilidad, con lo que el recorrido por la fortaleza está vetado para personas con movilidad reducida. Y la muralla está abandonada, a su juicio.
Amorós también apunta a que el plan director contemplaría “la conservación, el mantenimiento, la promoción y difusión e incluso la investigación” de un patrimonio cuyos primeros vestigios son del siglo XI, que se consolidó en el XVI y cuya historia tiene trazas hasta de la Guerra Civil, cuando sirvió de prisión eventual para prisioneros de la República. “No se puede entender Alicante sin su Castillo”, sostiene Amorós. “Pero es la prueba más evidente de que al PP, el patrimonio de la ciudad no le importa nada”, sentencia.