Los colectivos ecologistas y ciudadanos que convocaron las masivas manifestaciones en Canarias el 20 de abril retomarán este domingo las protestas contra el modelo turístico masivo en las islas. En esta ocasión, las manifestaciones se trasladarán a los principales núcleos turísticos del archipiélago como Maspalomas (Gran Canaria), Playa de Las Américas (Tenerife), Corralejo (Fuerteventura) y Puerto del Carmen (Lanzarote).“No hemos apreciado ninguna intención real de cambio después del 20A”, aseguran los convocantes. “Las instituciones nos han ignorado, creando una ‘mesa de expertos’ en un paripé para intentar apaciguarnos, pero lo tenemos claro: quienes se han beneficiado de este sistema injusto no serán quienes lo cambien”.
Los convocantes mantienen el lema ‘Canarias tiene un límite’ de la anterior convocatoria. Los activistas piden la implementación de una tasa turística, la paralización de macroproyectos en Tenerife (como Cuna del Alma, en el municipio de Adeje) y la moratoria de nuevas licencias hoteleras y del alquiler vacacional. También solicitan limitar la compra de viviendas a los no residentes, preocupados por la presión que esto ejerce sobre el mercado inmobiliario.
“Las zonas turísticas son el símbolo del abuso de nuestros recursos y de la especulación que está destrozando nuestro territorio”, aseveran los convocantes. “Cada hotel, cada carretera, cada campo de golf es una herida a nuestro futuro y una amenaza para quienes defendemos una Canarias sostenible y justa”, sentencian. “Queremos que los turistas conozcan lo que está ocurriendo”, explican sobre el porqué de celebrar las manifestaciones en núcleos turísticos. “No solo buscamos que nuestros gobernantes escuchen, también queremos que quienes nos visitan comprendan que este modelo turístico es insostenible y destructivo para nuestra tierra”.
En agosto, último dato disponible en el Instituto Canario de Estadística (Istac), llegaron a Canarias 1,4 millones de visitantes, el 8,94% más que un año antes. Los residentes en el extranjero (1,21 millones en total), crecieron un 10,38% en tasa interanual; los residentes en España aumentaron en un 2,2%. El Ejecutivo autonómico prevé que este año se bata el récord de visitantes fijado en 2023 en 16,2 millones de visitantes totales. Los presupuestos dejan a las islas cerca de 18 millones de personas.
A pesar de estos datos, según el último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, un tercio de los canarios está en riesgo de pobreza. Además, dos de cada tres tienen problemas para llegar a final de mes y uno de cada cinco se retrasa en el pago del alquiler o la hipoteca, cifras a la cabeza en Europa. Las islas cerraron el segundo trimestre del año con una tasa de paro del 13,86%, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística. Este dato es el más bajo desde diciembre de 2007, cuando se situaba en 10,89%. La tasa está dos puntos y medio por encima de la media española (11,27%) y es la cuarta más alta del país, tras las de Andalucía (16,27%), Extremadura (15,40%) y Castilla-La Mancha (13,92%).
Este miércoles, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se mostró comprensivo con las demandas de los colectivos sociales y ecologistas, si bien reclamó “que el que hable de cambio, tiene que decir a que hay que cambiar”, ya que están en juego “las cosas de comer”. Sobre el notable éxito del turismo, reconoció que pese a “ser fantástico”, genera algunas distorsiones y “un uso excesivamente intensivo de determinados espacios naturales” donde los cabildos tienen que replantearse las políticas. Y recalcó: no se trata únicamente de “cambiar por cambiar” sino hacerlo “a algo mejor”.
Las empresas han criticado esta nueva convocatoria, si bien admiten que algo ha de cambiar. El presidente Ashotel y de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), recordó esta semana en un evento del sector celebrado en Tenerife que hay un “debate social abierto” en el que se cuestiona el modelo turístico español y que es necesario “tomar cartas en el asunto” dado que, de lo contrario, tanto desde el sector público como desde el sector privado se corre “el riesgo de perder la licencia social para operar”.