La Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) ha enviado una carta al alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni, criticando la “falta de política de vivienda” y exigiendo que “deje de demonizar” al sector de apartamentos turísticos legales “que representa apenas el 1% del parque total de viviendas de la ciudad”. El presidente de Apartur, Enrique Alcántara, ha hecho pública una carta dirigida al primer edil, una semana después de que las misivas públicas entre Airbnb y Collboni mostrarán que las plataformas y el Ayuntamiento se han enrocado en posiciones irreconciliables que apuntan al fin de los apartamentos turísticos en la ciudad. Barcelona quiere eliminar 10.000 pisos turísticos en cinco años.
Alcántara mantiene que los apartamentos turísticos regulados “no son la causa del problema de la vivienda” y asegura que su eliminación no garantiza que estos inmuebles acaben convirtiéndose en viviendas residenciales. “En Barcelona hay identificadas 9.000 viviendas vacías y 27.000 viviendas dedicadas a otras actividades económicas”, lamenta Apartur. Alcántara acusa al Consistorio de atribuir a los apartamentos turísticos la crisis habitacional y, a juicio Apartur, esta acusación es injusta: “No hay ningún estudio ni análisis que afirme que el problema de la vivienda es debido a la existencia de 10.000 pisos turísticos. En cambio, son muchas las voces que coinciden en que el problema social de la vivienda es imputable a la falta de previsión y actuación pública”.
La asociación de pisos turísticos recuerda que los apartamentos legales pagan más de 160 millones de euros anuales en impuestos y proponen que esta recaudación se destine a las políticas de vivienda pública junto con un incremento del presupuesto destinado a paliar el déficit de inmuebles residenciales. “El precio del alquiler de la vivienda residencial en Barcelona se ha incrementado un 70% en los últimos diez años, según la Generalitat, pese a que el número de licencias para apartamentos turísticos está limitado desde 2014 y se ha mantenido estable desde entonces”, lamenta Apartur. Alcántara también señala que, entre 2014 y 2024, se han abierto 60 hoteles y el 44% de ellos se han construido en edificios que, anteriormente, tenían un uso residencial. Esto ha supuesto, según los datos de la asociación, la pérdida de más de 50.062 metros cuadrados destinados a vivienda.
La Federación Catalana de Apartamentos Turísticos (Federatur), entidad de la que forma parte Apartur, ha presentado una denuncia a la Comisión Europea contra el Decreto Ley 3/2023 de la Generalitat que regula el uso turístico de las viviendas en la comunidad autónoma. Según Federatur, esta ley vulnera la normativa comunitaria ya que permite la eliminación de licencias, algo que consideran “desproporcionado, discriminatorio y contrario a los principios de libre competencia y libertad de establecimiento”. Alcántara recuerda que la prohibición de licencias “contraviene, al menos, seis normativas de la Unión Europea”. En la carta se argumenta que la medida podría reactivar el mercado ilegal de alojamientos turísticos y se aventura a vaticinar que sin apartamentos turísticos se ponen en riesgo eventos como el Mobile World Congress.
Apartur acaba haciendo un llamamiento al diálogo para encontrar soluciones consensuadas y evitar “la desaparición” de un sector regulado, contributivo y legal, que es un referente internacional. El alcalde de Barcelona, por el momento, no ha contestado a la misiva.
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