La regulación del alquiler de temporada que tramita el Ayuntamiento de Barcelona contempla limitar o incluso prohibir en determinadas zonas de la ciudad esta fórmula que se ha disparado e impacta en el acceso a la vivienda, porque ha desviado pisos de renta habitual para los vecinos hacia contratos cortos, más caros y fuera de la regulación de la Ley de Vivienda. La comisión de Urbanismo ha aprobado este martes inicialmente la regulación con los votos del gobierno municipal (PSC), los comunes y ERC. La receta para regular el alquiler de temporada consiste en una modificación del plan urbanístico de la ciudad (el Plan General Metropolitano) para que distinga entre el “uso habitual y permanente de la vivienda” y su “uso temporal o de segunda residencia”.
La modificación, a su turno, habilita para redactar posteriormente planes especiales que limiten o incluso prohíban los usos que no sean residenciales en zonas concretas de la ciudad. “Se podrán prohibir, condicionar o someter a restricciones la sustitución de usos diferentes al uso de vivienda habitual y permanente”, afirma el texto. La regulación es fruto de la exigencia de los comunes al gobierno del socialista Jaume Collboni para aprobar el presupuesto de 2025. ERC le ha dado respaldo, pero ha advertido de que si el Govern del PSC no aprueba un decreto autonómico para regularlo, vetará la aprobación de la fórmula municipal. La tramitación se alargará, previsiblemente, hasta el próximo verano.
Históricamente, la ciudad ha recurrido a planes especiales para dar respuesta a necesidades que no se contemplaban en 1976, cuando se aprobó el PGM. Ocurrió antes de los Juegos Olímpicos con el plan de hoteles, porque no había donde alojar a los visitantes previstos. O en 2017 con el plan de alojamientos turísticos, que acota su crecimiento a determinados barrios y prohíbe nuevas aperturas en el centro, tras constatar los problemas que origina la masificación. De hecho, el extenso texto de la Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) de la regulación urbanística del uso de vivienda en el municipio de Barcelona, un documento de 90 folios, es un repaso, apoyado en datos, a la realidad de la vivienda en la ciudad durante las últimas tres décadas.
Tres décadas de pérdida de vivienda habitual en la ciudad
Constata, con cifras, que en los últimos 30 años la vivienda habitual pierde peso en la ciudad por la irrupción de nuevos usos en el parque residencial. El uso como domicilio del parque existente ha caído casi un 4% en las tres décadas que separan 1991 de 2021, muestra la documentación. Y también que en los distritos más céntricos (Ciutat Vella, Eixample o Gràcia), el número de viviendas en alquiler han caído más de un 12% en estos 30 años.
El texto de la modificación aprobada explica, con datos como la proporción entre viviendas que figura en el catastro y los domicilios que figuran en el padrón, cae en los barrios más tensionados por el turismo: si la proporción de domicilios respecto al parque de la ciudad es del 81% de media en la ciudad, en barrios con mucho turismo como el Gòtic cae al 63%, o en la Derecha del Eixample, donde está la Sagrada Familia, a un 70%. También señala como causa, entre otras, que los pisos turísticos se concentran en zonas muy determinadas de la ciudad, que también coinciden con las zonas con más visitantes. Si la media de la ciudad es de 1,5 pisos turísticos por cada 100 domicilios, la ratio sube hasta 9,2 en el caso del Eixample. También los de temporada tienen más presencia en el centro, apunta, pese a la falta de concreción normativa de esta modalidad, que no requiere de habilitación expresa. La nueva regulación admite que las sucesivas regulaciones del precio del alquiler han impactado en la ciudad, en el sentido de que parte de la oferta de alquiler se ha desviado hacia los contratos de temporada para esquivar los topes de precio.
El extenso documento de la modificación del PGM (MPGM) también cita el plan de vivienda del gobierno de la exalcaldesa Ada Colau 2016-2025 tenía entre sus objetivos estratégicos frenar la “sustitución de viviendas y proteger a sus residentes” y repasa la crisis habitacional que desde hace años azota Barcelona. Lo hace con datos como que los precios del alquiler se han triplicado, que cada vez hay más barrios donde la población destina más del 30% de sus ingresos a la vivienda, o que los demandantes de vivienda pública y ayudas no paran de aumentar. Y enumera media docena de estudios (desde la Universidad Politécnica en 2016, hasta Esade en 2024) que constatan cómo la irrupción de la oferta turística ha subido precios en el resto del mercado de la vivienda.
La teniente de alcalde de Urbanismo, Laia Bonet, ha celebrado la aprobación inicial, “porque la regulación no puede esperar más” y ha agradecido a Barcelona en comú “el trabajo intenso realizado” conjuntamente. “No podemos permitirnos que pisos de alquiler normal se desvíen al alquiler de temporada, es un fraude que debe volver sí o sí al alquiler normal”, ha defendido sobre lo que ha calificado de “un primer paso”. Bonet también se ha referido a las normativas que preparan el Gobierno y la Generalitat sobre la cuestión en pro de la “máxima solidez normativa y jurídica para poder abordar el fraude en los alquileres de temporada”.
La jefa de filas de los comunes en el consistorio, Janet Sanz, se ha congratulado de las “regulaciones impulsadas para que la vivienda tenga su uso habitual: todo el de Barcelona deberá serlo cuando se confirme la modificación y se deriven el resto de planeamientos”. Sanz ha apremiado a tener aprobada la regulación en primavera y mientras trabajar en el plan especial y que contemple “la prohibición en toda la ciudad mientras el alquiler de temporada no esté sujeta a la regulación de precios”.
Por parte de ERC, Eva Baró, ha manifestado que la regulación “crea muchas dudas entre los juristas consultados” y ha defendido como correcto el “marco competencial autonómico”. “Llevan el PGM al extremo”, ha advertido y ha condicionado su aprobación en sucesivas votaciones a que el PSC impulse un decreto autonómico sobre la cuestión. La exigencia de los republicanos llega después de que en mayo del año pasado el PSC tumbara un decreto autonómico del Govern del ex president Pere Aragonès que buscaba regular los alquileres de temporada en vísperas a las elecciones.
Por parte de Junts, Damià Calvet ha negado que se puede hablar de fraude y ha atribuido a la regulación del precio del alquiler el desvío de contratos al alquiler de temporada. “Lo que hacen hoy es un brindis al sol porque no tendrá efectos inmediatos, los alquileres de temporada son necesarios por motivos sanitarios, de estudios o de trabajo. No precisan cómo ni dónde, es una barra libre para que con la excusa de la crisis habitacional supriman usos que son necesarios para la ciudad”, ha dicho. Junts se ha abstenido en la votación, mientras PP y Vox lo han hecho en contra.
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