La vivienda vacacional mantiene su crecimiento descontrolado en Canarias a la espera de la entrada en vigor de la ley que regulará esta actividad. El número de pisos turísticos en las islas alcanza los 65.265 pisos censados, según el registro autonómico. Esto supone un crecimiento del 21% desde el pasado abril, cuando el Gobierno de Canarias sacó a consulta pública el anteproyecto de la futura norma. Se da la circunstancia de que el día 20 de aquel mes se produjeron también las multitudinarias manifestaciones contra el turismo de masas que, entre otras reclamaciones, exigían un freno a la vivienda vacacional.
El crecimiento registrado en apenas diez meses ha permitido que el número de plazas que ofrecen estos alojamientos se haya incrementado en un 25% y que estas hayan sobrepasado ya a las hoteleras en el total de las siete islas: 274.556 frente a 251.308. La oposición asegura que el Gobierno se ha limitado a descargar responsabilidades sobre los ayuntamientos y que la tramitación ha generado un efecto llamada. El Gobierno autonómico niega este extremo. “El único efecto llamada es la rentabilidad que ofrece este negocio”, afirma el viceconsejero de Turismo, José Manuel Sanabria, designado por el Partido Popular.
La consejera de Turismo y Empleo, Jessica de León (Partido Popular), entregó a finales de año en el Parlamento de Canarias el proyecto de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas (LOSUTV). Este texto admite que el crecimiento de la oferta vacacional “es una de las causas de disminución del potencial mercado de viviendas de carácter permanente y habitual”. Y aunque añade que también influyen otros factores, justifica por ello que ha de haber un “necesario cambio en el marco normativo referido al uso turístico de viviendas, estableciendo límites principalmente cuantitativos, urbanísticos, territoriales y ambientales”.
La norma canaria limitará, una vez se apruebe en el Parlamento autonómico, que se pueda dedicar un máximo del 10% de la “edificabilidad residencial prevista” de un núcleo de población a viviendas vacacionales. En La Palma, La Gomera y El Hierro ese porcentaje será del 20%. Además, las viviendas deberán tener al menos 35 metros cuadrados de superficie y diez años de antigüedad. Uno de los aspectos centrales de la ley es que no podrán implantarse nuevas viviendas vacacionales hasta que cada planeamiento urbanístico municipal lo habilite expresamente durante los próximos cinco años. “Queremos que los ayuntamientos decidan el cuándo, cómo y dónde”, sentencia Sanabria. “Lo que no puede ser que es que la iniciativa del crecimiento de la actividad turística esté en manos del propietario”. Y concluye: “Honestamente, este no es un tema ideológico: es urbanístico, es de sentido común”.
Ni la forma ni el fondo han sido del agrado de la oposición socialista. El diputado regional Gustavo Santana asegura que, para empezar, se tendría que haber recurrido al decreto ley para acelerar los plazos. “El problema de antes era tan grave como el de ahora, y el Gobierno lo que ha hecho es generar un efecto llamada que ha logrado incrementar la presión y subir aún más el precio de la vivienda”, denuncia. Santana critica, a su vez, que se ponga el peso en el ordenamiento municipal: “Esto supone una liberalización, porque se descarga la responsabilidad sobre los ayuntamientos y los cabildos”. Y apunta también a la falta de recursos en materia de inspección.
Oscar Perelli, vicepresidente ejecutivo de Exceltur, que aglutina a grandes hoteleras como Meliá, Riu, Iberostar o Minor (antigua NH), sí ve con buenos ojos la legislación propuesta por el Ejecutivo autónomo. Estima, sin embargo, que la norma, al haber sido tramitada como proyecto de ley, ha sido modificada parcialmente y eso ha generado un efecto llamada: “Hay personas que han querido adelantarse a la aprobación de futuras restricciones”. De la misma opinión es Jorge Sáenz, gerente propietario de la inmobiliaria grancanaria CVH. “Muchos propietarios se apresuraron a dar de alta sus pisos en el registro, aunque no los estuviesen destinando al alquiler vacacional, para no quedarse fuera si en algún momento dado se cerraba el grifo”. Un gestor de propiedades de Tenerife, que reclama no ser identificado, es, incluso, más gráfico en su descripción. “Se colapsó todo. Todos querían estar en el registro, no sea que luego se cerrase todo”.
Emergencia habitacional
Esta ley llega a la segunda comunidad con el salario medio más bajo, en la que se ha declarado la emergencia habitacional. Las islas son la comunidad con la mayor proporción de viviendas turísticas frente al total censado (4,71%), según el INE. La situación se ha agravado en los últimos meses. Si se toma como referencia noviembre de 2023, cuando se abrió el primer plazo de consultas para la elaboración de la ley, las plazas han crecido el 33,12%, según los datos del propio Sanabria extraídos del registro ―a esta base de datos se accede mediante una declaración responsable, y no significa que necesariamente estén comercializados en plataformas―. Lanzarote y Tenerife lideran los crecimientos, con un 25% y un 28%, respectivamente.
No en vano, según los datos de Istac facilitados por el viceconsejero, estas dos islas son las que registraron unos ingresos medios mensuales más altos por esta actividad entre enero y octubre de 2024: 2.510 euros por mes en Lanzarote y 1.832 en Tenerife. Les siguieron Gran Canaria (1.728 euros mensuales) y Fuerteventura (1.609 euros). Estas son las cuatro islas con más actividad turística. “El fenómeno es boyante y es rentable”, explica Sanabria. “En todas partes, no solo en Canarias”.
Las islas, de hecho, no son la región donde más crecen este tipo de viviendas. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística ―que difieren del registro canario porque se basan en la oferta publicada en las tres plataformas de comercialización más utilizadas―, los pisos turísticos en Canarias subieron un 36% entre agosto de 2020 y noviembre de 2024. Fue menos que en Castilla-La Mancha (58%), Galicia y Navarra (57%), Asturias (56%), Cantabria (53%), Extremadura (49%), Castilla y León (42%), y Murcia (37%). Pero se trata de comunidades donde el negocio es menor: el archipiélago comercializa casi tantas viviendas turísticas como todos estos territorios juntos (51.286 frente a 60.425).
En Canarias se dan, además, casos extremos en algunos municipios. En marzo, el número de vivienda vacacional sobre el total de viviendas censadas en Yaiza (Lanzarote) ascendía al 22%. Le sigue el 21,5% de La Oliva (Fuerteventura); el 10,62% en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria); o el 13,35% de Adeje (Tenerife). El Gobierno admite en el preámbulo de la ley que estos porcentajes ya han sido superados. Pero el fenómeno no solo afecta a las localidades eminentemente turísticas. En Las Palmas de Gran Canaria, la ciudad más poblada del archipiélago, existen amplias zonas (entre ellas enclaves como el casco viejo o la Playa de las Canteras) en las que la ratio ronda el 50%, según un informe del propio Ayuntamiento y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. El concejal Pedro Quevedo (Nueva Canarias) culpó de esta situación a la inacción del Gobierno autonómico. Sanabria, por contra, carga la responsabilidad sobre el incumplimiento de las ordenanzas municipales.
Este crecimiento sostenido en el tiempo ha provocado que ya haya más plazas de vivienda vacacional que hoteleras en todas las islas salvo en Fuerteventura. La situación es más aguda en El Hierro, La Palma y La Gomera, las llamadas islas verdes, debido a que en estas tres la planta hotelera es mínima.
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