La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto al exsecretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés Verelst, nombrado en 2020 por la ministra socialista Reyes Maroto, y a otras cinco personas, tras un juicio en el que se examinó un supuesto fraude de contratos en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en 2011, cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero. En su resolución, el tribunal ha concluido que no existen elementos para que se den los delitos de prevaricación, fraude en la contratación y administración desleal por los que Valdés Verelst y el resto de implicados estaban siendo investigados desde hace cuatro años y habían ido a juicio. También ha dejado sin efecto las reclamaciones contra las empresas públicas TRAGSA, encargada de obras y servicios, e ICEX, dedicada a la promoción de la economía y la empresa española.
La Fiscalía Anticorrupción se querelló el 20 de julio de 2020 contra Valdés Verelst y otros 14 cargos, aunque los cargos contra la mayoría de los implicados se archivaron durante la investigación fiscal, que duró dos años y cinco meses, con unos argumentos, que, según el tribunal, son aplicables a los acusados que finalmente fueron a juicio el pasado noviembre.
Sobre el delito de prevaricación, la resolución concluye se han encontrado con “determinadas irregularidades administrativas, pero no ante una arbitrariedad patente ni grosera” en los términos que se requieren para hablar de delito penal, ni que “desborde la legalidad de un modo evidente ni manifiesto con desviador de poder”. “Tampoco consta que las decisiones adoptadas fueran injustas”, señala. El tribunal también señala que “no se ha demostrado la intención deliberada y plena conciencia de la ilegalidad” y que el Fiscal no había especificado la actuación concreta presuntamente prevaricadora de cada uno de los acusados.
La sentencia recoge que tampoco se ha apreciado “el concierto de voluntades” para “frustrar o decepcionar el bien común”, algo que hace referencia al supuesto delito de fraude y que tampoco se puede afirmar que haya habido “perjuicio económico o patrimonial” que requiere una administración desleal. “No consta acreditado perjuicio (para el erario público) ni beneficio personal o de cualquier otro tipo para los acusados, ni para terceros”, señala.
“Esta resolución cierra un proceso que ha marcado la carrera del ex secretario de Estado”, valoran fuentes de la defensa de Valdés Verelst, ejercida por Rafael Alcácer Guirao, socio de Oliva-Ayala Abogados.
El caso adquirió especial relevancia en 2020, cuando Valdés Verelst fue nombrado secretario de Estado de Turismo. Pocos meses después, se conoció su imputación. Se mantuvo en el cargo hasta su dimisión en diciembre de 2022, en la que alegó “motivos personales”. Antes de ser secretario de Estado de Turismo, había sido subsecretario en este mismo Ministerio durante dos años y había ocupado diversos puestos en la AECID y en los Ministerios de Economía, Administraciones Públicas e Industria.
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