La ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat explora una tercera vía para poder aterrizar. El plan de Aena para incrementar la capacidad del aeródromo catalán chocó hace tres años con una gran oposición del anterior gobierno de la Generalitat, de varios alcaldes y de plataformas ambientalistas por el gran impacto que suponía sobre el entorno natural. Ello congeló una inversión de 1.700 millones. Ahora, los técnicos del Govern de la Generalitat presidido por Salvador Illa se inclinan por una propuesta que implica alargar la pista más cercana al mar minimizando el impacto ambiental sobre la laguna de la Ricarda. El plan, todavía pendiente de la aprobación definitiva y con interrogantes procedimentales, supone recortar la distancia de 500 metros que reclama Aena para la pista y dejarlo en un tramo de asfalto nuevo que se estire, como máximo, 300 metros en dirección a Barcelona. La propuesta conlleva, además, balizar nuevas zonas de seguridad en el entorno de la Ricarda y en el otro extremo del aeropuerto, en el Remolar, otro espacio natural limítrofe con Viladecans y Gavà. Son, en términos técnicos, escapatorias para posibles maniobras de emergencia que tengan que hacer los aviones durante los despegues o aterrizajes, con la particularidad que conllevan intervenciones blandas y con la posibilidad de ser revertidas en un futuro.
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