Desde la cámara destacaron que los miradores cuentan con un historial de entre 25 y 30 años de funcionamiento ininterrumpido. Durante este largo período, aseguraron que en casi tres décadas de actividad no se han registrado reclamos formales sobre el acceso o la conducta de los turistas. Destacaron que el uso del sitio ha sido históricamente respetuoso con la fauna, operando bajo un estricto cumplimiento de las normas de conservación.
Asimismo, recordaron que la infraestructura clave, incluyendo pasarelas, cartelería y tareas de mantenimiento, ha estado siempre a cargo del Estado provincial a través del Ministerio de Turismo y la Administración del Área Protegida. Incluso remarcaron que durante el armado del Plan de Manejo del área no hubo objeciones técnicas ni institucionales; por el contrario, siempre existió un consenso favorable a su continuidad.
UN CIERRE “SORPRESIVO Y UNILATERAL”
La CATCh relató que existía una instancia de diálogo abierta con Susana Cereijo para avanzar en tareas de mantenimiento y sostener el uso público. Sin embargo, en medio de la crisis por los incendios en la cordillera, la familia Ferro decidió cerrar el acceso de forma unilateral.
“La decisión resulta especialmente preocupante porque genera un conflicto innecesario en un espacio que funcionó sin inconvenientes durante casi tres décadas”, señalaron desde la institución, advirtiendo que el cierre incluso impidió realizar tareas de mantenimiento necesarias pese a la voluntad oficial de ejecutarlas.
REAPERTURA CONFIRMADA
Finalmente, la Cámara expresó su agradecimiento al Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de la provincia por las gestiones que permitieron, el pasado 13 de enero, la reapertura de los miradores. Para el sector turístico, garantizar el acceso público responsable es fundamental para preservar el valor ambiental y patrimonial de Chubut, manteniendo siempre el diálogo y la normativa vigente como ejes de gestión.