Las organizaciones remarcaron que la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) debe seguir siendo el foro global exclusivo para regular las emisiones del sector, tal como lo establecen los marcos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto. Señalaron que avanzar con medidas unilaterales o fragmentadas no solo pondría en riesgo el progreso climático, sino que también podría afectar la conectividad aérea y desviar recursos destinados a inversiones reales de reducción de emisiones.
Gloria Guevara, presidenta y CEO interina del WTTC, sostuvo que el turismo depende de un sistema aéreo sólido y competitivo. “El WTTC no apoya nuevos impuestos climáticos que encarezcan los viajes y sumen presión al sector. Necesitamos soluciones prácticas y escalables que aceleren la descarbonización y amplíen el acceso al financiamiento climático”, afirmó.
Por su parte, Willie Walsh, director general de IATA, enfatizó que la aviación es un motor de conectividad y desarrollo económico. “Para alcanzar cero emisiones netas en 2050, los gobiernos deben reafirmar el liderazgo de la OACI, implementar plenamente CORSIA y avanzar en el Artículo 6 para destrabar financiamiento climático destinado a países en desarrollo. Los impuestos fragmentados no reducen emisiones y, además, pueden debilitar la conectividad”, advirtió.
La declaración destaca nuevamente el rol fundamental de la OACI y llama a los Estados a evitar la duplicación de mecanismos en otros ámbitos internacionales. También subraya la importancia de CORSIA como herramienta clave en la transición del sector. Durante su Primera Fase (2024-2026), se estima que las aerolíneas adquirirán más de 200 millones de créditos, generando entre 4.000 y 5.000 millones de dólares, con el potencial de alcanzar casi 2.000 millones de créditos compensados hacia 2035. De acuerdo con las proyecciones, el esquema cubrirá al menos el 85% de las emisiones de la aviación internacional para 2027 y podría movilizar más de 120.000 millones de dólares en financiamiento climático hasta 2035.
El documento también insta a avanzar con la operacionalización del Artículo 6 del Acuerdo de París. Pide a los países emisores que habiliten Cartas de Autorización y la liberación de unidades de emisiones elegibles para CORSIA, un paso clave para sostener inversiones en proyectos de bajas emisiones, especialmente en economías en desarrollo.
Asimismo, los firmantes alertan sobre iniciativas fiscales emergentes —como las evaluadas por el Global Solidarity Levy Task Force— al considerar que se trata de medidas recaudatorias que no contribuyen a la reducción de emisiones. Según advierten, estas propuestas podrían afectar la conectividad y limitar oportunidades económicas, especialmente en países en desarrollo y pequeños Estados insulares dependientes del transporte aéreo.
La declaración cuenta con el respaldo de gobiernos como Japón y Malasia, además de organismos y asociaciones regionales y globales: A4E, AACO, ACI, AASA, AIRE, ALTA, ASPA, ATAG, ERA, IATA, IBAC, ICCAIA, NACC y el WTTC, entre otros.