Tras detectar que en los destinos de playa se promocionan falsamente hoteles con supuestas playas privadas o exclusivas, en la Cámara de Diputados se promueve una iniciativa para reformar el artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Al poner como ejemplo a Tulum, así como Punta Mita en Nayarit, Los Cabos y playas de Jalisco, donde la práctica se ha vuelto común, la diputada Beatriz Navarro presentó la propuesta, mediante la cual se busca que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) vigile de forma permanente páginas de internet, plataformas de reservación y redes sociales para detectar y ordenar el retiro inmediato de anuncios que utilicen términos como “playa privada”, “playa exclusiva” o “acceso privado al mar”, y que pueda iniciar investigaciones y sanciones de oficio, sin necesidad de una denuncia.
«Vecinos, familias de pescadores y activistas ambientales llevan años denunciando el cercamiento de playas históricas, la colocación de vallas y obstáculos mientras esos mismos desarrollos se anuncian en internet como espacios de playas privadas. Es el mismo patrón que se repite en Tulum y en Los Cabos, donde nuestra propia presidenta, Claudia Sheinbaum, fue clara al decir que las playas son del pueblo”, se dijo en la exposición de motivos durante la presentación de la iniciativa de Navarro.
En Quintana Roo, el problema se presenta desde hace años. El caso más emblemático es el de la Bahía de Akumal, donde desde 2013 el Centro Ecológico Akumal y hoteles colindantes bloquearon el camino que por décadas sirvió como acceso público, bajo el argumento de estar dentro de un predio privado, lo que derivó en enfrentamientos, amparos y finalmente en la intervención del Cabildo de Tulum para ordenar su reapertura.
A esto se suma lo que ocurre en el corredor Cancún-Tulum, en zonas como Tankah o Chemuyil, donde el acceso a la playa está condicionado al consumo en clubes y hoteles, pese a que la ley obliga a garantizar accesos públicos y ventanas al mar.
La iniciativa indica que el artículo 27 constitucional es claro: “Las playas y la zona federal marítimo terrestre son bienes de la nación y en México jurídicamente no existen las playas privadas, aunque operadores sigan cobrando hasta 40 por ciento más por una supuesta exclusividad que no existe”, señala la iniciativa de ley.
Como lo informó REPORTUR.mx, en lo que va de 2026, el perfil del visitante en Quintana Roo registró cambios significativos en sus hábitos de consumo y composición demográfica, posicionando a la Generación X, integrada por personas de 40 a 59 años, como el grupo poblacional con mayor presencia en los destinos del estado. (La amenaza a QRoo por sargazo: la mitad que viaja es por la playa).
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