La decisión de la apoderada de un campo clave de clausurar el acceso a un mirador y a una pingüinera ha encendido las alarmas en el sector turístico de Chubut, dejando a los visitantes sin algunas de las paradas más tradicionales del circuito.
Esta situación no solo afecta la experiencia de los miles de viajeros que llegan anualmente a la región, sino que pone en jaque la previsibilidad de las agencias de
viajes que operan en la zona. Santiago Sussanich, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Península Valdés (Aavytpv), advierte sobre la naturaleza arbitraria de esta medida, que rompe con un acuerdo tácito de más de 25 años en los que estos sitios se mantuvieron abiertos al público bajo una gestión compartida con el Estado provincial.
EL ORIGEN DEL QUIEBRE: DE LA CONVIVENCIA AL CERROJO
El conflicto estalló en agosto, cuando la apoderada de los terrenos decidió cerrar unilateralmente un mirador estratégico y una pingüinera pública situados dentro de su propiedad. A pesar de los intentos de mediación que involucraron al gobernador de Chubut, al ministro de Turismo y a la asesoría legal del gobierno, la postura de la propietaria se mantuvo firme en el cierre del área.
Lo paradójico de la situación es que, tras un breve periodo de apertura bajo promesa de diálogo, la propietaria presentó una serie de exigencias de difícil cumplimiento. Estas demandas incluían desde un pago mensual de 7.000 dólares por el uso del área hasta la implementación de un plan de manejo gestionado por una empresa privada de su elección y la presencia constante de guardafaunas en su predio. Ante la negativa del sector público de acceder a la compensación económica exigida, la apoderada procedió a clausurar definitivamente el acceso a estos recursos turísticos.
EL IMPACTO EN LA OFERTA TURÍSTICA DE PENÍNSULA VALDÉS
Sussanich explicó a Mensajero que la importancia de estos sitios radica en que formaban parte esencial de los itinerarios de excursiones organizadas y del recorrido de turistas que llegaban por sus propios medios. La pingüinera en cuestión es la única de carácter público dentro de la Península; fuera de ella, la alternativa más cercana es Punta Tombo, lo que obliga a una logística completamente distinta. Existen otras pingüineras en la zona, pero son de explotación privada, lo que reduce las opciones para el turismo masivo y educativo.
El argumento del deterioro de las instalaciones, esgrimido por la propiedad para justificar el cierre, es cuestionado por los operadores turísticos. Si bien se reconoce que uno de los miradores requiere reparaciones, se denuncia que fue la propia administradora del campo quien impidió que el Ministerio de Turismo realizara las obras de mantenimiento necesarias. “Ahora dice que está roto porque no se arregla, pero ella no permitió que se hicieran las mejoras”, señaló Sussanich, destacando que otros sectores del área se encuentran en estado impecable.
UNA HISTORIA DE TRES DÉCADAS BAJO AMENAZA
Para entender la gravedad del asunto, es necesario mirar hacia atrás. Los campos en cuestión pertenecen a una familia con larga trayectoria en la zona, dueños de gran parte de la península. Durante la vida de Emilio Ferro, anterior titular, la relación fue de convivencia pacífica y colaboración; de hecho, fueron los propios dueños quienes abrieron las tranqueras hace casi 30 años para que estos sitios se convirtieran en miradores públicos.
La actual apoderada, viuda de Ferro, ha cambiado radicalmente esta política, a pesar de que uno de sus hijos mantiene un emprendimiento turístico en Puerto Pirámides. Desde la asociación de agencias subrayan que no se trata de una intrusión nueva, sino de un espacio que ha sido cuidado y explotado positivamente durante décadas sin que se registraran denuncias por maltrato animal o daños ambientales.
El cambio de actitud es calificado como “arbitrario”, bajo la premisa de que la propiedad privada otorga el derecho de cerrar el acceso independientemente del uso histórico y público del lugar.
ACCIONES LEGALES Y EL ROL DEL MINISTERIO DE TURISMO
Ante el corte total del diálogo por parte de la propietaria, la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Península Valdés ha tomado la vía judicial. Actualmente, se encuentran reuniendo documentación para presentar un recurso legal que permita destrabar la situación. El objetivo es encontrar una figura legal veloz que reconozca el uso público consolidado por el paso del tiempo.