En diálogo con Mensajero, la diputada nacional Ana María Ianni explicó los motivos detrás del intento de dejar sin efecto el decreto impulsado por el Gobierno de Javier Milei y sostuvo que resulta necesario recuperar un esquema regulatorio para las empresas turísticas; también planteó la necesidad de revisar y actualizar las normativas que regían antes de la desregulación.
El DNU 70/23, publicado en diciembre de 2023, derogó, entre otras disposiciones, la Ley 18.829 de Agencias de Viajes, la Ley 18.828 de Reglamentación Hotelera y la Ley 26.356 de Sistemas Turísticos de Tiempo Compartido. Desde el Gobierno nacional, en tanto, han fundamentado estas modificaciones en la búsqueda de una mayor competencia, la simplificación de los requisitos administrativos y la reducción de las barreras para operar en el sector turístico.
¿POR QUÉ VUELVE A DISCUTIRSE LA REGULACIÓN TURÍSTICA?
Ianni explicó que el renovado impulso legislativo para rechazar el decreto se relaciona con un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación vinculado con la Ley de Tierras. Según detalló, el máximo tribunal dejó sin efecto una decisión judicial que cuestionaba la derogación de esa normativa, al considerar que la organización que había presentado el reclamo no contaba con legitimación procesal.
La Corte aclaró posteriormente que su resolución se limitó a esa cuestión procesal y que no implicó un pronunciamiento sobre la constitucionalidad del DNU.
En este contexto, la diputada sostuvo que la discusión excede la actividad turística y comprende distintas regulaciones eliminadas por el decreto. “El Decreto 70/23 está vigente aún porque, si bien fue rechazado por el Senado, todavía no logramos rechazarlo por la Cámara de Diputados. Lo intentamos durante estos dos años, pero nunca conseguimos las manos, los votos, para que eso suceda”, manifestó.
Asimismo, señaló que el rechazo legislativo debe realizarse sobre la totalidad del decreto, sin posibilidad de seleccionar únicamente los artículos vinculados con determinados sectores económicos. “Esto no se vota particularmente por leyes derogadas: se deroga el decreto completo o se acepta que siga vigente. Nosotros vamos a votar para que se derogue el decreto”, explicó.
AGENCIAS DE VIAJES Y ALOJAMIENTOS: ¿QUÉ PODRÍA CAMBIAR?
Uno de los principales puntos de discusión para la industria turística es la posibilidad de recuperar las normas que regulaban el funcionamiento de las agencias de viajes, los establecimientos hoteleros y los sistemas de tiempo compartido.
En ese sentido, Ianni sostuvo que, si el Congreso consigue rechazar el DNU, se abriría una instancia para analizar eventuales modificaciones al marco normativo del sector. “Después, si el sector considera que tiene que aggiornarse la ley de agencias de viaje —porque volvería a regir la anterior—, se trabajará en algo nuevo”, afirmó.
La legisladora también hizo referencia a los intercambios mantenidos en la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, donde se abordaron las consecuencias de la desregulación. “Muchos querrán una nueva ley de hotelería o agencias, pero ahora lo que tenemos que hacer es dar de baja el decreto que dejó sin normativa al sector, salvo el registro voluntario que maneja Faevyt”, indicó.
De esta manera, la propuesta de la diputada contempla primero el rechazo del DNU y, posteriormente, una discusión sobre la actualización de las leyes turísticas, en función de las necesidades de los distintos actores de la actividad.
TURISMO ESTUDIANTIL Y LAS CONSECUENCIAS DE LA DESREGULACIÓN
Otro de los aspectos mencionados por Ianni fue la convivencia entre normativas que permanecieron vigentes y otras que fueron derogadas mediante el DNU 70/23. En particular, la diputada señaló la situación del turismo estudiantil, cuya legislación específica continuó en funcionamiento después de la eliminación de la antigua Ley de Agencias de Viajes.
“Derogaron la ley de agencias de viaje pero dejaron vigente la Ley de Turismo Estudiantil, que hace referencia a una ley que hoy está derogada”, cuestionó. Para la legisladora, esta situación refleja la necesidad de revisar la articulación entre las diferentes disposiciones que regulan la actividad. “Hay que normalizar todo esto porque es un caos. Después habrá que trabajar para actualizar las normas si logramos voltear el Decreto 70/23”, agregó.
La discusión también se desarrolla en un contexto de preocupación por las estafas vinculadas con la comercialización de servicios turísticos y los mecanismos de control sobre agencias y alojamientos. Sin embargo, durante la entrevista no se presentaron estadísticas que permitan establecer una relación directa entre el incremento de estos casos y la desregulación.
LA LEY DE TIERRAS Y SU RELACIÓN CON LOS DESTINOS TURÍSTICOS
Finalmente, Ianni destacó que el principal impulso político para volver a discutir el DNU está relacionado con la derogación de la Ley de Tierras, especialmente por sus implicancias en determinadas regiones turísticas. La diputada hizo hincapié en la Patagonia y en los territorios cercanos a destinos turísticos y recursos naturales, donde considera necesario recuperar las restricciones a la adquisición de tierras por parte de extranjeros.
“Lo que está cobrando más fuerza para buscar derogar el Decreto 70/23 es que deroga la ley de extranjerización de tierras, tierras que fundamentalmente están ubicadas en la Patagonia y son circundantes a destinos turísticos y recursos naturales”, sostuvo. En ese escenario, la Cámara de Diputados aparece como el ámbito donde se definirá la continuidad del decreto, que ya fue rechazado por el Senado en marzo de 2024.
El debate legislativo podría abrir una nueva etapa para la regulación turística argentina, con la posibilidad de revisar las condiciones de funcionamiento de agencias de viajes, alojamientos y empresas vinculadas con el sector.