En un contexto en el que el turismo depende en gran medida de la seguridad jurídica para atraer nuevos proyectos y consolidar la inversión privada, el debate abrió interrogantes sobre los posibles efectos que tendría la norma para hoteles, complejos turísticos y otros emprendimientos del sector. A su vez, algunos actores también ponen el foco en cómo podrían verse alcanzadas actividades que se desarrollan en espacios públicos o áreas protegidas, como ocurre con parte del trabajo de los guías de turismo.
Tipo de artículoPosible impacto en el turismoProtección de la propiedad privadaMayor seguridad jurídica para inversiones en hoteles, resorts, cabañas y desarrollos turísticos.Usurpaciones y desalojosPuede influir en establecimientos turísticos que enfrenten ocupaciones ilegales o conflictos sobre inmuebles.ExpropiacionesSi modifica las condiciones para expropiar bienes, puede afectar proyectos de infraestructura turística o emprendimientos privados.Concesiones sobre bienes públicosImpactaría en hoteles dentro de parques nacionales, centros de esquí, puertos turísticos o balnearios concesionados.Derechos reales sobre inmueblesPuede incidir en fideicomisos hoteleros, condominios turísticos y desarrollos inmobiliarios.Responsabilidad del EstadoSi cambia las reglas para indemnizaciones o daños, podría repercutir en concesionarios turísticos. En conjunto con las provincias se puede aceptar y aprobar la cesión del terreno.
QUE DICEN LAS PROVINCIAS
En cuanto al proyecto en debate, el ministro de Turismo de Misiones, José María Arrúa, aseguró a Mensajero que, desde la perspectiva de la provincia, la iniciativa no traería ventajas para la actividad. “Beneficios ninguno”, resumió el funcionario al ser consultado sobre el proyecto.
Arrúa explicó que el gobernador Hugo Passalacqua y los intendentes misioneros solicitaron a los senadores nacionales que no acompañen la iniciativa. Asimismo, fundamentó esa posición en la situación geográfica de Misiones, una de las provincias con mayor proporción de territorio fronterizo del país. “Misiones tiene un 90 % de territorio con fronteras, estamos al límite del 15% que se prevé. Desregular eso sería abrir una puerta que no vamos a poder cerrar”, advirtió.
Durante el fin de semana trascendió que el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, solicitó a la senadora nacional por La Neuquinidad, Julieta Corroza, que impulse durante la discusión en el Congreso la incorporación de un límite cuantificable a la venta de tierras a extranjeros en todo el país. Según planteó el gobierno provincial, el objetivo es reforzar la protección de los recursos naturales bajo jurisdicción de Neuquén.
Además, aseguró que enviará a la Legislatura provincial un proyecto de ley para garantizar que las tierras fiscales de la provincia solo puedan ser vendidas a ciudadanos o personas jurídicas argentinas. La iniciativa se presentará en paralelo al debate que el Senado nacional prevé realizar sobre las modificaciones impulsadas por el Poder Ejecutivo a la Ley de Tierras. Si bien desde el Neuquentur prefirieron no emitir declaraciones al respecto, aseguraron que: “la postura provincial es clara”.
Desde La Rioja se sumó el secretario de Turismo, José Rosa, quien sostuvo que el debate no debe limitarse a la defensa de la propiedad privada, sino que también debe contemplar la protección del territorio y de los recursos naturales sobre los que se desarrolla la actividad turística. “Defendemos la propiedad privada y valoramos toda inversión que genere empleo y desarrollo, pero la seguridad jurídica también debe contemplar la protección del territorio y de los bienes naturales que hacen posible el crecimiento del turismo. La posibilidad de modificar el uso del suelo tras un incendio, por ejemplo, requiere especial cuidado, como también otros aspectos del proyecto que deben analizarse con una verdadera mirada federal”, afirmó.
Rosa remarcó que, especialmente en las provincias del interior, “el territorio, el paisaje, el agua y la naturaleza son la materia prima del trabajo y el sustento de muchas comunidades”. En ese sentido, advirtió que el deterioro de esos recursos impacta directamente en las economías regionales y en la competitividad de los destinos turísticos. Como antecedente, mencionó el caso de Valle Hermoso, en La Rioja, que formó parte de una operación de compra de 200.000 hectáreas por parte de un empresario estadounidense. Según el funcionario, ese episodio demuestra que “la falta de límites adecuados puede poner en riesgo la soberanía y los derechos de las comunidades”.
Por último, el secretario de Turismo riojano consideró que el proyecto requiere “una verdadera mirada federal”, que permita compatibilizar la llegada de inversiones con la preservación del ambiente y el desarrollo local. “El desarrollo necesita inversión, pero también reglas claras que protejan la soberanía, el patrimonio natural y a quienes viven y trabajan en el territorio”, concluyó.
Finalmente, desde la Provincia de Buenos Aires, se sumaron al rechazo. Soledad Martínez, Subsecretaria de Turismo, aseguró que la administración bonaerense se opone a cualquier flexibilización de los límites para la adquisición de tierras por parte de extranjeros y respaldó la postura expresada por el gobernador.
“Nuestro gobernador fue muy claro en que flexibilizar o derogar los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros es directamente una entrega de la soberanía nacional y de los recursos estratégicos”, afirmó la funcionaria.
Además, indicó que el mandatario bonaerense pidió a los legisladores nacionales que rechacen el proyecto durante su tratamiento en el Congreso. En ese sentido, recordó la declaración pública del gobernador: “Hoy en el Congreso Nacional están queriendo votar una ley para que se pueda vender el territorio argentino al mejor postor… esperemos que nadie se deje extorsionar y que quienes tienen que votar piensen en la celeste y blanca y defiendan nuestra soberanía”.
LA POSTURA DE LA CADENA TURÍSTICA
En esa misma línea, Juan Cruz Atencio, guía de turismo de El Calafate y expresidente de la Asociación de Guías de Santa Cruz (Aguisac), expresó su preocupación por el proyecto al considerar que podría tener implicancias sobre la soberanía territorial. En diálogo con Mensajero, sostuvo que la iniciativa “representa una de las mayores entregas de soberanía a manos extranjeras” y vinculó esa postura con antecedentes históricos de la Patagonia.
En ese marco, recordó los conflictos laborales ocurridos durante la Patagonia Rebelde, a comienzos de la década de 1920, cuando grandes extensiones de tierras estaban en manos de capitales extranjeros. Según explicó, tras esos hechos el Estado nacional fortaleció su presencia en la región mediante la creación de parques nacionales, el desarrollo de infraestructura y el impulso al crecimiento de localidades como El Calafate. “La soberanía se construye con presencia del Estado y oportunidades para que la población permanezca en el territorio”, afirmó, y advirtió que, a su entender, avanzar en una mayor participación de actores extranjeros sobre la tierra implicaría “retroceder más de un siglo”.